La gestación subrogada se ha convertido en una forma de esclavitud aceptable por la conciencia moderna.

Aunque esta técnica de gestación sea ilegal en muchos países, basta con cruzar la frontera para recoger a un bebé de los brazos cualquier mujer necesitada, y cruzarla luego de vuelta presentando a ese niño como propio. 

Una vez en casa, no queda más que aprovechar un vacío legal para inscribir al niño. Y aquí paz y después gloria. Al fin y al cabo, ¿quién se va a enfrentar a una familia desesperada por tener hijos y quién va a dejar huérfano a un bebé? 

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, este miércoles en la cumbre conjunta de la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en Bruselas.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, este miércoles en la cumbre conjunta de la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en Bruselas. Reuters

Y así, la conclusión lógica parece ser que alguien tendrá que entrar a regular ese percal para que no se explote a las mujeres, para que no se compre a niños (o no mucho) y para que no te salga más rentable alquilar un vientre fuera que dentro. Y a todo eso lo llamaremos "prevenir el abuso y fomentar el altruismo". 

En Italia, el gobierno de Meloni se ha cansado mirar hacia otro lado y ha decidido que la gestación subrogada es delito universal y que uno no puede ir a por los niños a otro país como si fueran un coche caro y volver como si nada. La prohibición es un gesto político de aplicación compleja, pero que manda un mensaje claro.

La legislación de Meloni acierta conceptualmente porque no compra un marco que está viciado de base y porque coloca la responsabilidad del problema en los que lo han creado: todos aquellos que consideran que el cuerpo de una mujer puede ser mercantilizado y que la vida humana puede ser sometida a un contrato. 

Conviene recordar que la ética en las relaciones personales también tiene una dimensión pública de la que la política debe ocuparse. Algo novedoso en medio de un panorama político que se conforma con burocratizar la ética y que llama "protección" a permitir que el mal se pueda hacer con el máximo de garantías posible.

"¿Es que nadie piensa en los niños?", claman los mismos que han hecho todo lo posible para que esos niños nazcan en el contexto de mayor inseguridad posible. 

Hemos permitido que la conversación sobre la gestación subrogada se vuelva demasiado falsa. Hablamos de "mujeres altruistas", "padres desesperados" y "niños deseados" y así es como se nubla la vista ante lo que está sucediendo realmente.

Decía José Ortega y Gasset que "quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros". La dureza de la ley italiana destruye de golpe toda esa artificialidad y tiene la virtud de ponernos cara a cara con la realidad descarnada de las consecuencias de los vientres de alquiler.

Y esa realidad es que no hay manera de impedir que los vientres de alquiler se conviertan en un mercado competitivo en el que buscar la mejor relación calidad-precio, por lo que no hay manera de legislar protegiendo de verdad a las mujeres. No es posible convertir en "altruista" algo que tiene la capacidad de destruir física y psicológicamente a la madre embarazada.

Pero la cuestión más delicada aquí es qué pasa con ese niño y qué es lo mejor para él una vez que ha nacido. Es la pregunta más importante y legítima. Pero sería hipócrita no reconocer que el interés superior del menor que se reclama ahora no ha estado presente en ningún momento del proceso.

Lo que sí se firman son cláusulas que determinan, incluso, si la madre puede llevar las uñas pintadas. Y, por supuesto, todas las que dejan bien atada la cuestión de que la patria potestad es de los que pagan.

Me pregunto qué consideran garantista los que abogan por regulación. ¿Que la mujer pueda echarse atrás en cualquier momento y reclamar su custodia, por ejemplo? ¿O que aborte? ¿Llamamos garantía entonces a que la vida de un niño penda de los deseos cambiantes de los adultos que firman un contrato? 

Tampoco está presente el interés superior del menor cuando se le dice a la madre gestante que no forme un vínculo con el bebé que crece en su vientre.

O cuando se le programa una cesárea adelantada sin necesidad.

O cuando se niega al hijo el primer contacto y la lactancia con su madre.

O cuando se le concibe a través de procedimientos que provocan que pueda tener más de cuatro progenitores y vea fragmentada su identidad desde su nacimiento. 

De por sí, la gestación subrogada es una violación de los derechos del menor y no hay regulación que pueda cambiar eso. Porque no hay cláusula que sea capaz de disolver la importancia del vínculo de una madre embarazada con su hijo y la huella que deja la separación después del parto.

Así que, por supuesto que una vez el niño ha nacido la prioridad absoluta debe ser evitar que se convierta en un apátrida familiar. Y no creo que haya que criminalizar y encarcelar a los padres (más dudas tengo con quien se lucra con el negocio).

Pero sí hay que resistirse a la falacia de decir que prohibir la gestación subrogada desprotege a los niños. Ya están desprotegidos desde el momento en el que su concepción se convierte en un negocio. Y es de justicia señalar quiénes son los verdaderos responsables.

Si la prohibición disuade de que haya niños en esa situación, ya podrá considerarse una victoria. Si la prohibición permite volver a llamar a las cosas por su nombre y reconocer que no existe un derecho a la paternidad que deba ser satisfecho a toda costa, ya será un éxito.

Y si la prohibición nos lleva a preguntarnos qué va a ser de los niños, quizá signifique que vetar la gestación subrogada es un buen punto de partida para poner el foco donde siempre debió estar: en esa vida que se pretende traer el mundo como un producto de lujo cualquiera y que se merece mucho más que eso.

"¿Es que nadie piensa en los niños?", gritan.

Pensad en ellos, pues.