Qué desmesura, qué desvarío. El partido de Giorgia Meloni, con el apoyo de los extremistas Hermanos de Italia, quiere hacer de la gestación por sustitución un delito universal, con años de cárcel y multas millonarias.
Pero no es inocente que Meloni lleve de vuelta a la exasperada agenda internacional uno de los temas más divisivos y generadores de confrontación de los últimos tiempos. Casi tan militante como el aborto.
La gestación subrogada desquicia, irrita, enturbia, enreda y se engancha en las vallas más espinosas del identitarismo exacerbado del siglo XXI.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la cumbre entre la UE y los países del Golfo celebrada este miércoles en Bruselas.
La política enajenada (y la agitación social a su servicio) vuelca y revuelve sin escrúpulos en la misma olla la trata de personas, la violencia sexual, la explotación y la pobreza, el feminismo y la homofobia, para imposibilitar el análisis racional y hacer olvidar la cuestión de fondo: si el deseo de tener hijos es un derecho, si el Estado debe invadir la libertad individual y, por encima de todo, si hay argumento ideológico o religioso que justifique no regular una realidad que deja a miles de menores a la intemperie cada año.
Una exigencia objetiva de armonización de derecho familiar, salud pública, prácticas reproductivas y protección legal de menores.
Pragmatismo con principios, una vez más.
Trabajando con instituciones y sociedad civil, debatiendo, reflexionando, escribiendo y proponiendo soluciones al respecto. Desde hace más de una década, he intentado contribuir al bien mayor que está detrás de la gestación subrogada: la protección y el interés del menor fruto de la misma.
Las instituciones europeas llevan mucho retraso en el cumplimiento de su obligación, que no es otra que asumir un papel de liderazgo y ofrecer un marco común que ofrezca seguridad jurídica a las familias (hetero u homoparentales) que quieran acudir a la gestación por sustitución o gestación subrogada como vía para tener hijos.
Un marco legal común que dé a estos niños el reconocimiento y la cobertura legal exigible. Porque, recordemos: mucho más cerca que Estados Unidos, Canadá o Australia, en Europa tenemos un gran número de países como Reino Unido, Holanda, Irlanda, Bélgica, Portugal o República Checa donde la gestación subrogada está permitida bajo ciertos supuestos, mientras que en Francia, Alemania, Italia y España no.
¿Cómo puede haber ese abismo entre iguales?
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Hace pocos años, Bruselas parecía decidida a atajar el problema. Las instituciones comunitarias admitían que, si bien el derecho de familia era competencia de los Estados miembros, sobre todo si se trataba de regular las técnicas de reproducción, era necesario como mínimo equiparar las leyes que afectaban al reconocimiento transfronterizo de los niños.
La comisaria Vera Jourová me aseguró en una respuesta parlamentaria que "el interés superior de los niños nacidos mediante maternidad subrogada debe constituir una consideración primordial". Por eso, reconocía seguir de cerca los trabajos que se estaban llevando a cabo en La Haya para que la Comisión abordara el debate y decidiera si legislar o no.
Pero luego vino la pandemia, y la invasión de Ucrania, y tantas cosas que grupos como el que impulsa la llamada Declaración de Casablanca aprovecharon para revitalizar una involución reaccionaria, sin frenos racionales y con el apoyo del papa y buena parte de las fuerzas extremistas, alentadas irresponsablemente por los incendios de orden interno de conservadores, socialdemócratas y liberales.
Y aquí estamos, con la pulsión prohibicionista campando de nuevo a sus anchas, con afirmaciones peregrinas propias de otra era y, lo que es peor, con todas las salvaguardas racionales dinamitadas.
Yo defiendo un marco normativo europeo para la gestación subrogada que garantice la salud y el bienestar de niño y gestante, basado en la decisión libre de una mujer que generosamente acepta gestar un bebé con el que no tiene vinculación genética, y en el compromiso de cuidado y respeto de los padres intencionales.
Sin margen posible a la comercialización ni al abuso.
Abogo por el altruismo, la condicionalidad garantista y la seguridad jurídica que aplicamos a la adopción y a la donación de órganos, como base legislativa en la Unión Europea para impedir cualquier discriminación, explotación o desprotección en el territorio europeo.
Porque, mientras aumenta la demanda de familias que recurren a la gestación subrogada, en la UE sigue existiendo una disparidad en los Estados miembros sobre cómo abordar legalmente esta cuestión, dejando en una situación de inseguridad jurídica y discriminación a los niños nacidos de esta forma.
La inmensa mayoría de los europeos contemplamos una variedad amplia y rica de familias, basada en la libertad de los ciudadanos para constituirlas dentro del marco legal vigente.
La defensa de los derechos y las libertades debe seguir siendo un rasgo esencial de la Unión. Porque las familias, todas las familias europeas, son la balsa que está permitiendo a millones de personas hacer la larga y dolorosa travesía de crisis que hemos ido concatenando en este siglo.
Y yo deseo que Europa coloque a las familias, a todas las familias, en el centro de sus políticas.