Se resume rápido, pero las consecuencias son devastadoras para la democracia española.

Y voy a utilizar el condicional por prudencia periodística. Pero los hechos son claros. 

La Moncloa, es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez, habría utilizado la maquinaria del Estado para acabar con una rival política, Isabel Díaz Ayuso, utilizando información confidencial sobre un ciudadano anónimo sólo por el hecho de ser su pareja. 

Esa información, además, sólo podría proceder de dos fuentes. El Ministerio de Hacienda o el fiscal general del Estado.

Es decir, María Jesús Montero o Álvaro García Ortiz.

Y eso, tras la comisión de uno de los peores delitos que puede cometer un funcionario o un alto cargo político. El de la filtración de secretos. 

Uno sólo de los delitos descritos en los párrafos anteriores haría caer de inmediato a cualquier gobierno democrático occidental.

La suma de todos ellos nos sitúa en un escenario de pesadilla. La de un Gobierno acosado por escándalos de corrupción tanto económica como política y que ha decidido atrincherarse en la Moncloa no ya por simple voluntad de permanencia en el poder, sino como estrategia de supervivencia penal. 

Porque como aforado uno puede retrasar lo inevitable y confiar en que un golpe de suerte en el tablero político le salve del banquillo del Supremo.

Y por eso es tan importante que el PP no le conceda al PSOE lo que este más desea ahora: imponer a una jueza de estricta obediencia socialista como sustituta de Marchena al frente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. 

El escenario es por tanto el de un Gobierno que no sólo escudriña en la vida privada de los ciudadanos a la búsqueda de información comprometedora, sino que luego la filtra a los medios de comunicación a su servicio, a la Fiscalía y a sus altos cargos políticos para que la utilicen, de forma delictiva, en contra de sus rivales de la oposición. 

El pánico de Lobato, que lleva ya tres versiones de los hechos en apenas doce horas, es por tanto comprensible.

En primer lugar, porque sabe que no ha delatado a un cualquiera, sino a alguien capaz de destruir a sus rivales utilizando todos los resortes, legales y alegales, de la maquinaria política y mediática de la que dispone cualquier presidente del Gobierno. 

En segundo lugar, porque sabe que su carrera política ha muerto. Lobato is no more. La metedura de pata es estratosférica. Lobato, desde luego, no es Maquiavelo. 

En tercer lugar, porque no estamos hablando de un escándalo político, sino de uno con graves repercusiones penales. Para al menos tres ministros del Gobierno, para el fiscal general y para el mismo Pedro Sánchez. 

Juan Lobato, que ha apuñalado al presidente del Gobierno creyendo apuñalar a Óscar López, tiene ahora imposible negar lo evidente.

Que acudió al notario tras la imputación del fiscal general del Estado porque le entró el pánico frente a la posibilidad de que la justicia girara la vista hacia él por la filtración de la información personal del novio de Ayuso.

Lobato quiso entonces desmarcarse de la operación 'Matar a Ayuso' sin caer en la cuenta de que ese simple gesto, el de pedirle hora al notario para que este diera fe de su inocencia, es la prueba de la existencia de la guerra sucia de la Moncloa. 

Prueba, también, de la desconfianza que existe hoy entre los propios miembros del PSOE. El PSOE se está descomponiendo a ojos vista y el espectáculo es hipnótico. Sucio, grotesco y hasta mezquino. Pero hipnótico. 

Es normal que los ciudadanos españoles se resistan a creer lo anterior. Porque nos sitúa en un escenario muy similar al de la guerra sucia de los años 80.

Y no hablo de la guerra sucia contra ETA, aunque también. Hablo de la guerra que el PSOE emprendió, utilizando a los elementos más atrabiliarios de las cloacas del Estado, contra los periodistas que investigaron sus delitos y contra otros ciudadanos incómodos. 

Sólo que ahora ya no se recurre a elementos atrabiliarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a fiscales, periodistas, barones regionales y mandos políticos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Lobato, como no podía ser de otra manera, ha sido ya citado por el juez que investiga la filtración de datos del novio de Ayuso. Tiene la opción de mostrar el documento notarial, algo que le descargaría de responsabilidad, pero que a cambio la volcaría sobre Óscar López y Pedro Sánchez. 

La pregunta es ¿por qué Lobato, frente a la evidente comisión de un delito por parte de la Moncloa, no interpuso una denuncia en comisaría y prefirió acudir a un notario?