A tan sólo dos semanas de que se cumplan cien días de su nombramiento, el ministro del Interior parece incapaz de poner orden en la cúpula de la Policía, y ello tiene consecuencias cada vez más nefastas. La herencia envenenada de Jorge Fernández Díaz no ha hecho más que agravarse por la indecisión de Juan Ignacio Zoido. Y el vacío de poder en puestos cruciales como la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y la UDEF no para de avivar el caos en una institución cada vez más trufada de escándalos.
El DAO -máximo cargo policial por debajo del director general- asume la gestión diaria del Cuerpo y el jefe de la UDEF dirige las investigaciones anticorrupción. Sin embargo, increíblemente, ambos puestos siguen en funciones desde hace ya más de medio año.
Unidad de Inteligencia
Las dudas de Zoido, que volvió a repetir el concurso para el nombramiento del DAO porque no le convencía ninguno de los 14 aspirantes, han disparado hasta 40 el número de candidatos y las zancadillas en los sótanos policiales. En esta rivalidad sin cuartel colean las consecuencias del enfrentamiento entre el comisario Marcelino Martín Blas y el excomisario José Villarejo. Ambos coincidieron en la Unidad de Inteligencia -volcada en la investigación de dirigentes independentistas-, se mueven con soltura en el juego sucio y no han dudado en llevar sus desavenencias incluso a los juzgados.
El problema es que el vacío de poder, la falta de decisiones políticas y las maniobras de unos mandos policiales contra otros tiene un alto coste. La detención y posterior puesta en libertad de dos personas acusadas de yihadismo tras un presunto montaje urdido por un confidente ha sido la enésima muestra de que algo está fallando en la Policía: no es de recibo que un día después de que la Dirección General anunciase una investigación sobre este caso, uno de sus responsables haya salido a defenderla.
Guerra en las cloacas
Pero hay más. El hackeo de un ordenador del primogénito de los Pujol, las amenazas a los banqueros andorranos que custodiaban las cuentas de la familia del expresidente catalán; las lagunas en el caso del pequeño Nicolás, y el supuesto chantaje al CNI y a la Casa Real -un turbio asunto por el que Podemos ha presentado una querella contra un periodista y dos excomisarios- prueban cómo la guerra abierta en las cloacas policiales embarran instituciones del Estado.
En su primera comparecencia en el Congreso, nada más tomar las riendas del Ministerio, Zoido trató de marcar distancias con el legado de su antecesor, pero conforme pasa el tiempo, la situación se enquista y pone en evidencia las graves consecuencias de su inacción.