El convencimiento de que la final de la Copa del Rey volverá a convertirse en una nueva demostración masiva de repudio y burla a los símbolos de España le plantea al Gobierno el dilema de qué hacer con Felipe VI. ¿Debe presidir el acontecimiento? Los precedentes, particularmente la final de 2015 en el Camp Nou entre el Barça y el Athletic, crearon una enorme polémica en la sociedad española en cuanto a cómo actuar en este tipo de situaciones.

El próximo 27 de mayo volverá a enfrentarse el Barcelona con otro equipo vasco -el Alavés-, con el agravante de que en esta ocasión la temperatura política puede haber subido muchos grados. Es muy probable que para entonces Artur Mas ya haya sido condenado por desobediencia al Constitucional y desde el Govern ya se ha expresado la voluntad de acelerar el proceso soberanista convocando un referéndum antes del verano.

Garantías contra la humillación

El Gobierno debería evitar la presencia del monarca en el estadio si no tiene plenas garantías de que el partido no será el pretexto para organizar una gran manifestación en contra de los símbolos del Estado, puesto que con ello se ofende a millones de personas. El problema es que eso es muy difícil de garantizar, pues la legislación española ampara estas ofensas al primar la libertad de expresión. Y las sanciones que prevé para este tipo de casos la Comisión Antiviolencia -organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes- son ridículas.

La Audiencia Nacional ya descartó la infracción penal por injurias a los símbolos de España cuando tuvo que pronunciarse por la pitada al Himno en la final del Camp Nou. Por otra parte, las multas que impuso Antiviolencia, que en un primer momento oscilaban entre los 123.000 euros y los 15.000, quedaron finalmente en nada. El Barcelona sólo tuvo que pagar 6.000 euros por los pitidos de sus aficionados. Son multas, en cualquier caso, en absoluto disuasorias.

El PP no quiso legislar

El error del Gobierno, particularmente después de las experiencias vividas, es no haber elaborado una legislación que garantizara el desarrollo normal de este tipo de acontecimientos. Es conocido el caso de la ley francesa impulsada por Sarkozy que contempla la suspensión de cualquier evento deportivo en el que se pite el himno nacional. Esa posición es la que vienen defendiendo en España políticos como Esperanza Aguirre. Sin embargo, el PP ha preferido dejar las cosas como estaban, aun cuando ha gozado de mayoría absoluta.

En las actuales circunstancias, lo más prudente sería que el monarca no acudiera a la final de mayo. Hay otras finales de Copa del Rey en otras disciplinas tan dignas como el fútbol en las que está ausente el jefe del Estado y no pasa nada. Dado que es la Federación Española la que organiza el partido, que sean sus directivos quienes den la cara. No hay ninguna obligación de que millones de personas tengan que abochornarse por la actuación de quienes acuden al estadio con la clara intención de ofender sus sentimientos.