Apenas tres días después de que Artur Mas defendiese en Madrid una tercera vía para aliviar la tensión entre el Ejecutivo y la Generalitat, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confirmado en una entrevista en TV3 la existencia de una agenda oculta de negociaciones "a todos los niveles" para evitar la convocatoria de un referéndum de independencia. 

Aunque Carles Puigdemont y Neus Munté han echado mano de su consabido victimismo para negar la mayor -"Lo único que recibimos del Estado son amenazas de inhabilitación"-, cada vez son más los indicios que prueban que Rajoy ha puesto en marcha una Operación Diálogo que en modo alguno debería implicar claudicaciones ni componendas secretas.

"Buenos mediadores"

Es cierto, como ha defendido en una entrevista con EL ESPAÑOL el jurista Antonio Garrigues, que el Gobierno tiene la obligación de dialogar con la Generalitat para evitar un choque de trenes: "Lo que hacen falta son buenos mediadores", ha resumido el ilustre liberal. Pero no es menos verdad que se puede y se debe hablar de todo siempre que la motivación del diálogo no sea sortear las leyes y el precio del acuerdo no sea entregar al soberanismo una garantía de impunidad que le permita irse de rositas, después de haber desobedecido al Constitucional, para volver a las andadas con cualquier pretexto.

El propio Millo ha desvelado que la base del acuerdo serían las reivindicaciones elevadas por Puigdemont al Gobierno en abril pasado en materia de financiación, de inversiones en infraestructuras de cercanías y desarrollo del Corredor Mediterráneo, y de desarrollo competencial, sin contemplar -en ningún caso- la celebración de un referéndum. Es más, el delegado del Gobierno en Cataluña, no ha descartado la aplicación del artículo 155 de la Constitución -que prevé incluso la suspensión del autogobierno-, si la Generalitat no desiste de su pulso.

Jugar con fuego

Sin embargo, ya ha habido tantas muestras de que el secesionismo no va a entrar en razón como motivos para temer que Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de la Operación Diálogo, pueda caer en la tentación de jugar con fuego. La alianza de hecho de Junts Pel Sí con los antisistema de las CUP es una prueba palmaria de que el soberanismo no sólo no tiene la más remota intención de defender sus postulados respetando la Constitución y las leyes, sino de que se ha echado al monte y apuesta por la agitación y la ruptura. Asimismo, dar entrada a ERC en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, como esta semana va a hacer el PP, hace pensar que la factura secreta del diálogo con la Generalitat puede salir muy cara al Estado.

El Gobierno tiene la legitimidad y la responsabilidad de tender puentes. Pero su diálogo debería desarrollarse con luz y taquígrafos, y por supuesto sin manejos ocultos y cláusulas secreta, si lo que se pretende es generar confianza entre los ciudadanos para allanar el camino del acuerdo.