Los partidos independentistas han reformado el reglamento del Parlament de Cataluña para registrar, votar y aprobar en lectura única las denominadas leyes de desconexión. El procés encara así su recta final antes de que los socios de Junts pel Sí -el PDeCAT y ERC- y sus aliados circunstanciales de la CUP intenten tramitar y saquen adelante la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad. El uso de un procedimiento parlamentario de urgencia impediría a los partidos constitucionalistas presentar enmiendas.
El objetivo último del bloque secesionista es acelerar los plazos del procés para no dar tiempo a reaccionar al TC y tratar así de generar un falso conflicto de legitimidades entre las leyes del Estado y las emanadas del Parlament.
Escapar al marcaje de la Justicia
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras dejan patente que su estrategia pasa por jugar al gato y al ratón con el Estado, confiados en que pueden escapar del marcaje de la Justicia para celebrar un referéndum ilegal.
La imputación por un posible delito de sedición -que implicaría penas de cárcel- del secretario general de Presidencia, Joaquín Nin, por su participación en el 1-O es la enésima demostración de que los tribunales hacen su trabajo. Sin embargo resulta evidente que ello no va a disuadir de a los independentistas de su objetivo.
Hechos consumados
PDeCAT y ERC se valen de una política de hechos consumados como de un ariete con el que derribar las garantías que permiten controlar la acción del Govern, lo que equivale a burlarse del Parlament y de la oposición.
Al cambiar las reglas de juego a conveniencia, los partidos independentistas demuestran su nulo talante democrático y dejan constancia de que están dispuestos a supeditar los medios a los fines con tal de romper con el resto de España. También desprecian al Consejo de Garantías Estatutarias -institución que vela por la adecuación de las leyes catalanas al Estatuto y la Constitución- que ya se opuso a la tramitación de normas fundamentales mediante un procedimiento abreviado.
Recursos de amparo
La oposición al completo ha denunciado la cacicada. Sin embargo, ha sido incapaz de cerrar filas ante el desafío. El Gobierno ha pedido un dictamen al Consejo de Estado, pero lo cierto es que las Cámaras regionales son autónomas en la regulación de su funcionamiento interno. La respuesta adecuada pasa por que los parlamentarios presenten un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los portavoces de Cs y PP ya lo han anunciado, pero el del PSC se lo está pensando. Sin unidad de acción de los partidos constitucionalistas, los ademanes dictatoriales de los independentistas sólo pueden ir a peor.
