El presidente de la Generalitat ha aprovechado su mensaje institucional con motivo de la Diada para presumir de que está por encima de las leyes y arrogarse inmunidad frente a los tribunales de Justicia.

Carles Puigdemont entiende que todas las actuaciones adoptadas por él mismo y por su Gobierno para promover el 1-O son legales porque responden a mandatos del Parlament y, para desvincular la Cámara regional del armazón estatal que le da sentido, ha apelado a la “soberanía popular” de Cataluña como un ente separado y ajeno al conjunto de la soberanía nacional: "Sólo el Parlament de Cataluña puede inhabilitar al Gobierno que yo presido. No hay ninguna otra instancia judicial o política que pueda hacerlo”, ha proclamado con más soberbia que convicción.

Penas de inhabilitación

Si tenemos en cuenta que la Fiscalía se ha querellado contra Puigdemont y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación, y que todos estos estos delitos comprenden penas de inhabilitación de entre dos meses y 15 años -la malversación se castiga además con cárcel-, sólo se puede concluir que el presidente catalán pretende independizarse ya de las consecuencias de sus actos.

En este sentido, no sólo resuelve el 1-O en lo que a él y a su Gobierno atañe, sino que se jacta de poder seguir delinquiendo a conveniencia. Quiera o no Puigdemont, lo cierto es que está sujeto a las leyes y a los tribunales, y que el Tribunal Supremo puede inhabilitarlo en sentencia firme como ya ha hecho con su compañero de partido Francesc Homs, del mismo modo que el TSJ catalán podría fallar su inhabilitación como ya ha hecho con Artur Mas y las exconsejeras Ortega y Rigau. Es más, tanto el Tribunal Constitucional, en sus atribuciones, como el Gobierno, mediante la aplicación del 155 o de la Ley de Seguridad Nacional, también podrían suspenderlo de sus funciones.

Legitimidad del Parlament

Puigdemont basa su razonamiento en un argumento no menos desquiciado, según el cual la legitimidad del Parlament emana del Estatuto y éste a su vez es el fruto de un pacto entre las soberanías catalana y española. La realidad es que sólo existe una soberanía nacional, de la que es depositario el conjunto del pueblo español, y que el Estatuto catalán es una Carta otorgada por el Parlamento español porque es de interés general que determinadas competencias las ejerzan las Comunidades Autónomas.

Puigdemont puede seguir lanzando bravatas y pergeñando falacias, pero al final tendrá que rendir cuentas de sus actos ante la Justicia como cualquier hijo de vecino.