La decisión de Moncloa de consentir que los promotores del referéndum separatista lleguen al 1-O al frente del golpe puede ser un error histórico que España acabe pagando muy caro. En el Gobierno ya asumen que la votación será, al menos, como la consulta del 9-N de 2014, aun cuando la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió a que algo así no volvería a repetirse.  

"Pícnic" lo ha llamado este jueves el secretario de Estado de Interior José Antonio Nieto tras acudir a la la Junta se Seguridad convocada de forma unilateral por Puigdemont: "El domingo se podrá celebrar [el 1-O], cada uno lo hará como quiera, en un caso con un pícnic, en otro caso con una manifestación...".

La 'rebelión' de los Mossos

El problema para el Gobierno es que, en contra de las resoluciones de la Justicia, los Mossos tienen decidido permitir que se celebre el 1-O. EL ESPAÑOL aporta hoy tres informaciones que así lo revelan. Mandos de los Mossos ya han comunicado a responsables de la Policía Local de varios municipios catalanes que no cuenten con ellos para impedir el referéndum. Eso obligaría en último término a que se ordenase actuar a policías nacionales y guardias civiles.

Por otra parte, desvelamos el contenido del atestado que recoge, paso a paso, lo ocurrido el pasado 20 de septiembre en los registros de la Consejería de Hacienda, cuando los guardias civiles que actuaban por orden judicial fueron sitiados por una multitud durante todo un día. Pues bien, pese a los continuos requerimientos emitidos desde primera hora por los agentes a los Mossos, la intendente de distrito, Teresa Laplana Cocera, se negó a enviar refuerzos, y ello aun cuando se vivieron momentos de enorme tensión.

Un oscuro panorama

También resulta esclarecedor el relato que aportamos de cómo el presidente de la Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, presumió ante un mando de la Guardia Civil de tener a su disposición y al otro lado del teléfono al mayor Josep Lluís Trapero, por si querían negociar con él. Precisamente por los altercados de Barcelona ante la Consejería de Hacienda, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó la semana pasada una denuncia por sedición contra Sánchez.

Con este panorama es previsible hacerse una idea de las grandes dificultades que el próximo domingo va a encontrar el Estado para que prevalezca la ley en Cataluña. El "pícnic" puede acabar siendo un durísimo rejón al Estado. ¿Se habrían atrevido los Mossos a llegar tan lejos si Puigdemont y su Gobierno no siguieran moviendo los hilos del golpe?