La implícita declaración de independencia realizada por Puigdemont con la explícita suspensión inmediata de sus efectos, además de un golpe a la democracia supone mantener vivo el desafío de las instituciones catalanas al Estado. Por lo tanto, ni la enrevesada manera de pronunciarse del presidente de la Generalitat ni la decepción que sus palabras causaron entre los sectores más extremistas del separatismo pueden llevar al Gobierno a abdicar de su obligación de restablecer el orden constitucional.
La anunciada jornada histórica de los independentistas acabó en un ridículo colosal, y es que, tras concluir el pleno del Parlament, los 72 diputados independentistas firmaron un documento simbólico en el que decían "constituir" la "República catalana". Y para redondear el esperpento, los parlamentarios de la CUP aseguraban que no volverán a la Cámara y dejarán en minoría a Puigdemont hasta que se declare formalmente la independencia.
Puigdemont sigue la tradición
Todo este episodio surrealista entronca con la tradición nacionalista catalana: Francesc Macià proclamó en 1931 el "Estado catalán" como parte de una "Federación de Repúblicas Ibéricas" que nunca existió, y tres años después fue Companys quien anunció el nacimiento del "Estado catalán" dentro de una imaginaria "República federal española".
Lo sucedido este martes lleva a pensar que, en el último momento, Puigdemont se ha asustado. El éxodo de empresas, la división dentro de la antigua Convergència y el rechazo de Europa a la independencia catalana han aconsejado a sus principales impulsores un movimiento táctico en busca de la mediación internacional para poder seguir avanzando en la consecución de sus objetivos. Por eso el presidente de la Generalitat ha tratado de presentar su paso atrás como un ejercicio de responsabilidad.
El 155 ya es inaplazable
En cualquier caso, el peor error que podría cometer el Gobierno es seguir renunciando a tomar el control de las instituciones catalanas. Rajoy no puede demorar más la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Generalitat ha desobedecido al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia, ha alentado a la sedición y mantiene en la más absoluta incertidumbre a todo el país. Hay causas abiertas por delitos flagrantes y, como denunció el Rey, se mantiene el "inaceptable intento de apropiación de las instituciones" catalanas.
Si Puigdemont y los separatistas han llegado tan lejos es porque se les ha consentido. El resultado, no por extravagante deja de estar ahí: una suerte de golpe retransmitido a todo el mundo por televisión para humillación del Estado y escarnio de los demócratas. La imagen de debilidad ofrecida por el Gobierno no debe durar un día más.
Felipe VI lo dejó claro: son los "legítimos poderes del Estado" los que tienen la responsabilidad de "asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones". Por tanto, ni el Gobierno debe desentenderse de sus obligaciones escudándose en que los tribunales ya aplicarán la ley, ni los jueces pueden esperar a ver qué hace el Ejecutivo para actuar.
