El terremoto político y social provocado por el independentismo en Cataluña no se traduciría en una convulsión en las urnas susceptible de acabar con su hegemonía, como vaticinan los constitucionalistas más confiados. Más bien al contrario, el secesionismo mantendría la mayoría por la mínima en unos comicios planteados ya en clave plebiscitaria, lo que avalaría su pulso al Estado y su apuesta por la ruptura.
Así lo refleja el primer estudio demoscópico elaborado tras la huida de Carles Puigdemont -realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL-, que recoge el efecto de la proclamación unilateral de independencia el pasado 27 de octubre, la aprobación del 155 y la manifestación constitucionalista del domingo pasado. Es decir, todos los hitos de una semana que ha conmocionado a Cataluña y a España.
Mayoría secesionista
De celebrarse elecciones hoy, -y dando por hecho una reedición de las alianzas conocidas- el bloque formado por ERC, PDeCAT y CUP mantendría la mayoría absoluta con 68 escaños, a uno solo de la suma entre Cs, PSC y PP. Cómo posible árbitro emergería Catalunya Sí Que es Pot, una plataforma de izquierdas menos próxima al bloque constitucionalista que condescendiente con el statu quo nacionalista.
De producirse estos resultados, muy parecidos a los que acaba de publicar el CIS catalán, los grandes promotores y defensores de unir la aplicación del 155 con la convocatoria inmediata de elecciones se darían de bruces con que la realidad socioelectoral catalana es demasiado tozuda como para cambiarla con estrategias relámpago de vuelo raso.
Tiempos judiciales
Sobre todo cuando, por lo que ahora se ve, inexplicablemente ni Rajoy ni Soraya previeron hasta qué punto los tiempos de la Justicia podían condicionar el curso de la campaña en ciernes. Los partidos constitucionalistas van a tener que ponerse las pilas y trabajar no sólo mucho, sino también muy bien, para tener siquiera opciones de poner fin a la hegemonía secesionista. Y lo peor de todo es que van a tener que hacerlo mientras Puigdemont se hace la víctima y presume de ser todavía el legítimo presidente desde su refugio flamenco, como viene haciendo.
La situación es endiablada para el bloque constitucionalista. Si los jueces que este jueves empiezan a tomar declaración en la Audiencia Nacional y en el Supremo a la vieja cúpula de la Generalitat adoptan alguna medida cautelar -orden de embargo o prisión cautelar para Junqueras, Forcadell o alguno de los exconsejeros investigados-, los independentistas partirán con ventaja. De no hacerlo, parecerá que los magistrados tienen en cuenta las consecuencias políticas de sus decisiones y las denuncias de Puigdemont sobre la parcialidad de la Justicia española parecerán verosímiles.