El ingreso preventivo en prisión de Oriol Junqueras y los siete exconsejeros que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional está tan justificado como preceptiva resulta la orden de detención decretada contra Puigdemont y los cuatro miembros del Govern que se fugaron a Bélgica ante las narices de Zoido y el director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Los delitos que se les imputan -rebelión, sedición y malversación- son tan graves, y la participación de cada uno en el plan diseñado para lograr la independencia está tan definida y probada que, en verdad, a nadie ha podido sorprender la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Menos aún tras la espantada del president y el precedente de los Jordis; dos actores secundarios en una trama que no descartaba acciones para generar “inestabilidad política y económica” y un “conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”, según consta en el auto de la magistrada.

'Fuga a la carta'

Culminada con éxito la fuga a la carta de Puigdemont y sus  compinches -que barajaron hasta cuatro destinos alternativos a Bruselas- a la jueza no le quedaba más remedio que adoptar las medidas pertinentes para que ningún otro investigado pudiera caer en la tentación de intentar burlar a la Justicia. Así lo entendió incluso el bloque independentista, donde la inesperada escapada del presidente catalán ha dejado un lógico sabor a traición. Puigdemont ha reaparecido en TV3 para, en calidad de "presidente legítimo" de la Generalitat, "exigir la liberación" de los consejeros. Su llamamiento resulta singularmente patético a 1.300 kilómetros de España, ya que su huida secreta ha perjudicado a sus subordinados.   

Por otro lado, el auto de ingreso en prisión contra los exconsejeros catalanes está lo suficientemente motivado y argumentado como para que nadie que aprecie la separación de poderes se escandalice. De hecho, en todos los casos -salvo en el del exconsejero Santi Vila, a quien se le ha impuesto una fianza de 50.000 euros-, concurrían los tres supuestos previstos para decretar la prisión preventiva: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Victimismo como activo electoral

Ahora bien, si el encarcelamiento de los exconsejeros acusados de rebelión es irreprochable desde el punto de vista judicial, resulta a todas luces inoportuna electoralmente. No cabe duda de que la prisión de la cúpula descabezada de la Generalitat y la persecución policial y judicial de los prófugos monopolizará la campaña del 21-D. Todo hace pensar que Junqueras y Puigdemont harán campaña desde la cárcel o desde el exilio y que la victimización volverá a ser el principal activo electoral del separatismo, con la ayuda inestimable de Podemos.

Cuando alguien se salta las leyes, desobedece al Constitucional, promueve protestas tumultuarias y celebra un referéndum para proclamar la independencia, lo normal es que vaya a la cárcel. En democracia no se puede reprochar a los jueces que hagan su trabajo sin tener en cuenta las consecuencias políticas de sus decisiones. Pero sí se debe responsabilizar al Gobierno por haber convocado unas elecciones en el peor escenario posible, cuando lo que está en juego es la integridad y la estabilidad política e institucional del país.