La Unión Europea se juega mucho con la suerte que corra la orden europea de detención y entrega cursada contra Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica. Sería muy difícil de entender para la opinión pública que el país que acoge las principales instituciones de la UE se negase a extraditar a personas investigadas por la Justicia de uno de los países miembros, y menos aún que el argumento para tomar esa decisión fuera la supuesta falta de garantías democráticas y de respeto de los derechos humanos en España. La UE se edifica sobre la base de que todos sus socios son países democráticos.
Es cierto que la negativa a conceder la extradición de los exmiembros del Gobierno catalán es una situación poco probable, pero Puigdemont sabía lo que hacía cuando corrió a refugiarse en Bélgica. Hablamos de un país dividido, que ha llegado a estar 18 meses sin gobierno, con fuertes tensiones nacionalistas y que ha dado cobijo a terroristas de ETA. No es casualidad que el abogado elegido por Puigdemont sea el mismo que evitó hace tres años la entrega a las autoridades españolas de la etarra Natividad Jáuregui, investigada por asesinato.
Unos plazos que habría que acortar
Aunque es este viernes cuando empieza a verse el caso en la Cámara del Consejo de Bruselas, la solución no se conocerá seguramente hasta dentro de dos meses. Ya resulta llamativo que para resolver una extradición dentro de la UE los plazos sean tan largos. Debería ser un trámite automatizado. En este caso, la demora va a permitir a Puigdemont hacer campaña desde Bélgica como candidato en las elecciones catalanas mientras regatea la acción de la Justicia.
Hay que recordar que uno de los objetivos de la UE es avanzar hacia una Justicia europea. Pues bien, la euroorden es lo más básico, el primer ladrillo de ese edificio. Si los países miembros no van a ser capaces siquiera de ponerse de acuerdo para impedir que los delincuentes utilicen como cobijo el territorio de otro socio de la UE, más vale arrojar ya la toalla. Precisamente la finalidad del proyecto europeo es ir borrando progresivamente las barreras internas.
España asumió la 'doctrina Parot'
En el asunto que nos ocupa, la tardanza y las dudas en la decisión de la Justicia belga sólo contribuyen a dar pábulo de forma inaceptable a las acusaciones que los investigados lanzan contra España. Eso no solo va contra la reputación española, sino que es un tiro en el pie a la credibilidad de la propia UE. ¿De verdad que no se respetan los derechos humanos en Europa?
Habría que recordar a Bruselas que en pos de la integración y armonización en materia de Justicia, España tuvo que aceptar la aplicación de la doctrina Parot, en contra del sentir de millones de españoles, pues sirvió para excarcelar a decenas de terroristas y criminales. Habrá que confiar en que las autoridades belgas sepan estar a la altura de la decisión que deben tomar.