A expensas de que se confirme en el pleno de este próximo jueves en el Parlament que el acuerdo de Junts per Catalunya y ERC pasa por convertir al preso preventivo Jordi Sánchez en el candidato a presidente de la Generalitat, los hechos indican que el separatismo está decidido a utilizar su mayoría institucional como una tea con la que reducir a ceniza cualquier atisbo de estabilidad.

La fórmula Jordi Sánchez es inviable porque ni el juez que instruye la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, puede dejarle salir de prisión para asistir a su eventual investidura, ni -en el caso de que los partidos independentistas insistan en impulsar su candidatura- el Tribunal Constitucional va a modificar su criterio para  permitir que un aspirante a president pueda ser votado y nombrado en ausencia.

Riesgo de tumultos

Llarena tiene motivos sobrados para no permitir a Sánchez salir de prisión, pues es imposible garantizar que su llegada a la Cámara catalana no fuese aprovechada por los más radicales para montar algaradas y tumultos que impidieran su regreso al centro penitenciario. Es decir, estaría en riesgo la paz social. Por otro lado, la legalidad constitucional dictamina que los candidatos a presidente deben comparecer ante la Cámara para defender su programa de Gobierno y ser votados. 

Al postular a Jordi Sánchez después de haberlo intentado con el prófugo Puigdemont, los dirigentes separatistas demuestran que, lejos de rectificar y defender sus ideas en el marco de la Constitución y del Estatut -tal y como sugirió ERC en la campaña electoral-, lo que pretenden es utilizar el Parlament para exacerbar el victimismo. Y ello, con el fin de agitar la calle y agravar la conflictividad.

Este 155 beneficia al independentismo

Los dirigentes separatistas prefieren prolongar la intervención de la Generalitat a tratar de resolverla porque la aplicación timorata del 155 les ha beneficiado: no sólo no ha mermado su capacidad de control sobre sus principales instrumentos de agitación y adoctrinamiento -empezando por TV3 y el resto de medios de comunicación públicos y siguiendo por la escuela pública y la Administración- sino que explotan el tibio control del autogobierno como una humillación intolerable.

Los recientes desaires a Felipe VI por parte de directores generales y representantes institucionales, la preparación de una investidura simbólica de Puigdemont en Bruselas con el concurso de cargos electos, las constantes provocaciones del presidente del Parlament, y la propuesta de candidatos ineligibles son pruebas de que el desafío sigue tan vivo y coleando como antes de las elecciones. Por todo ello es hora de que el Gobierno y el conjunto de los partidos constitucionalistas se planteen seriamente aprobar un 155 de verdad, permanente y revisable, hasta que la legalidad y la normalidad democráticas estén plenamente restituidas en Cataluña.