El independentismo catalán, dirigido por unos irresponsables que no están dispuestos a reconocer que se equivocaron y que han llevado a Cataluña al caos, pretende ahora dar una nueva vuelta de tuerca al procés. Lejos de admitir su derrota por el Estado al que menospreció, busca cerrar cuanto antes una investidura que le permita recuperar la Generalitat y ni siquiera renuncia a incendiar las calles con lo que llama "movilización permanente".
Las encarcelaciones del viernes de Turull, Forcadell, Bassa, Rull y Romeva, y la posterior detención de Puigdemont en Alemania han servido a los separatistas para alimentar más el victimismo y continuar exprimiéndolo. De ahí el discurso tremendista que hizo Roger Torrent el sábado en el Parlament, en el que puso en la diana a las instituciones del Estado, y el que realizó este domingo.
Amenazas al juez Llarena
La realidad es que horas después del primer mitin del presidente del Parlament, la casa que el juez del Supremo Llarena tiene en Das (Gerona) amaneció con pintadas amenazantes. Ese ataque intolerable obligó a intervenir al Consejo General del Poder Judicial, que denunció las pintadas a la Fiscalía al calificarlas de "manifiesta coacción".
Además, a lo largo de la jornada se sucedieron los sabotajes en carreteras e infraestructuras de Cataluña, y manifestantes radicales tuvieron que ser bloqueados por los mossos en su intento por alcanzar la Delegación del Gobierno en Barcelona. Hubo cerca de un centenar de heridos y al menos cuatro detenidos.
"Frente común" contra el Estado
Como colofón, Torrent leía a las diez de la noche del domingo una declaración institucional muy en la línea de las protagonizadas en su momento por Puigdemont, lo que confirma su propósito de ocupar el vacío dejado por los encarcelados y los huidos al frente del procés. Torrent aseguró que Puigdemont no puede ser "cesado" ni "perseguido" por "ningún juez, ningún gobierno y ningún funcionario" -lo cual es profundamente antidemocrático, pues ser presidente de la Generalitat equivaldría a ser emperador de la antigua Roma-, habló de la "sed de venganza de los poderes del Estado" y animó a los partidos, sindicatos y sociedad civil a crear "un frente común" en defensa de Cataluña.
En un nuevo ejercicio de cinismo, apeló a la "calma" y el pacifismo, pero no tuvo un solo reproche para los actos vandálicos, las amenazas a los jueces o las agresiones a los mossos. Hay muchas formas de llamar a la violencia sin convocarla expresamente; los líderes independentistas lo saben y están jugando a propósito con fuego. Ojalá no tengamos que lamentarlo.
Europa y el 155
Es sintomático que en las protestas de este domingo se sucedieran las consignas contra la UE y Merkel. Aquella Europa que según decían iba a reconocer la república catalana es ahora cómplice de España contra Cataluña: todo, antes que reconocer que la democracia tiene sus reglas y que lo descabellado es pretender saltárselas impunemente.
Si hay un país que ha aprendido de la Historia que lo esencial de la democracia es marcar sus límites, ese es Alemania; un país que prohíbe los partidos de ideología totalitaria como el Partido Nazi o el Partido Comunista, que persigue penalmente a quienes niegan el Holocausto y que da a su Tribunal Constitucional unas facultades mucho más amplias y fulminantes de las que goza nuestro TC. Aunque es aventurado conjeturar lo que hará la Justicia alemana con Puigdemont, lo que está claro es que el concepto alemán de democracia es opuesto al de los independentistas catalanes.
Ante el propósito de los separatistas de porfiar e iniciar una nueva escalada de tensión, el Estado debe mostrar firmeza. Los Tribunales y la Fiscalía han de seguir haciendo su trabajo. Las Fuerzas de Seguridad tienen que estar preparadas para neutralizar la agitación en la calle. Los partidos políticos deben estar unidos. Y desde luego, en estas circunstancias, el Gobierno no puede retirar el 155; al contrario, debe aplicarlo con mayor rigor en defensa de los millones de catalanes no separatistas, de la democracia, del proyecto europeo y de la unidad de España.
