O Mariano Rajoy presenta su dimisión o PSOE, Podemos y Ciudadanos deben poner en marcha inmediatamente una moción de censura que desaloje de la Moncloa a su actual inquilino. Una moción de censura que tenga como condición sine qua non la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. La contundente sentencia del caso Gürtel inhabilita al presidente del Gobierno para seguir al frente del país.
El fallo de la Audiencia Nacional, que “pone en cuestión la credibilidad” de Rajoy, –vamos, que lo viene a tildar de mentiroso, para que nos entendamos–, acredita una trama generalizada de la corrupción en el seno del Partido Popular. También, la existencia de una 'caja B' en las cuentas de la organización –“una estructura financiera y contable paralela a la oficial”– con la que dopaba sus campañas electorales y de donde salía, además, el dinero destinado “a miembros relevantes del partido”, los famosos sobresueldos denunciados por Luis Bárcenas, extesorero popular, que ha sido condenado a más de 33 años de cárcel.
Prácticas corruptas desde 1989
La resolución señala que las prácticas corruptas de los populares existen “al menos desde 1989”, con lo que quedaría bajo sospecha no sólo el mandato de Rajoy sino también el de su antecesor en la presidencia del Partido Popular, José María Aznar, y hasta el del antecesor de éste, Manuel Fraga. Y no solamente pone en evidencia el juego sucio amparado por la cúpula del partido, sino asimismo el de sus principales centros de poder autonómico de las últimas décadas: Madrid y Valencia. La condena deja al desnudo las practicas mafiosas de los populares durante casi 30 años de la vida política española.
Como diluvia sobre mojado, el fallo se ha hecho público, además, horas antes de que la jueza de Valencia, Isabel Rodríguez, enviara a prisión sin fianza a otro nombre propio de la reciente historia del PP, Eduardo Zaplana. El exministro y expresidente valenciano está acusado de blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que Zaplana ocultó en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay comisiones ilegales por valor de 10 millones de euros, que en los últimos años habría ido repatriando a España desde Luxemburgo. Ante todo esto, el máster y las dos cremas de Cristina Cifuentes parecen una gamberrada de parvulario.
El calvario judicial que le queda al PP
Los días horribilis del Partido Popular no parecen tener fin y el horizonte penal que le queda por delante no invita a la tranquilidad: a este calvario le quedan otras siete cruces relacionadas con Gürtel, además de Lezo, Púnica, Acuamed, Mercasa, Nóos, Brugal y Pokemon, hasta un total de 15 causas.
Es por esto que, tras la demoledora sentencia de este jueves, ni Mariano Rajoy ni el PP pueden seguir un día más de espaldas a la ciudadanía; no pueden seguir siendo el partido del ‘aquí nunca pasa nada’, el partido del ‘yo no he sido’; no pueden creer, ni hacer creer a los españoles, que nada de todo esto tiene que ver con ellos. Tienen que dar la cara y someterse al juicio de las urnas y para ello Mariano Rajoy debe dimitir ya. Y si no lo hiciera, que es lo que nos tememos, la oposición tiene la obligación política de unirse por la dignidad del Parlamento y por la de la Presidencia del Gobierno.
Llegados a este punto, lo lógico sería que las tres principales fuerzas de la oposición se pusieran de acuerdo para nombrar a un independiente que llamara a las urnas lo antes posible. De no ser así, Sánchez podría estar planeando una moción de censura que obligara a Rivera a tumbar a Rajoy: bien forzándole, como sucedió en Madrid, a elegir a otro presidente entre el PP; bien apoyando directamente la moción de los socialistas. Ciudadanos no podría ser menos exigente en el Congreso de los Diputados que en la Asamblea de Madrid.