Mientras prosigue la huelga de los taxistas en las principales ciudades del país, poco o nada puede aportar el anuncio de Fomento de transferir directamente a las Comunidades Autónomas la concesión de las licencias de VTC (vehículo de alquiler con conductor). El ministro Ábalos, no obstante, propondrá esta solución en el seno de la Conferencia Nacional de Transportes el próximo miércoles. 

No debe obviarse que para aprobar esa transferencia se requiere de la mayoría absoluta en el Congreso, algo que queda muy lejos de las posibilidades reales del Ejecutivo. Además, todo indica que lo que busca el Gobierno es quitarse de en medio. Hoy publicamos en EL ESPAÑOL que, en las circunstancias actuales, en Fomento ven el problema "irresoluble". 

Batalla política

Por otra parte, la salida que plantea Ábalos supondría que cada autonomía impusiera sus criterios, favoreciendo así el caos en el transporte urbano de pasajeros, donde la Unión Europea ha sido clara al reclamar mayor apertura y competencia.

Ahora bien, más allá de la necesaria liberalización del sector, asistimos a una batalla política en la que Podemos ha tomado partido azuzando el gremialismo del mundo del taxi.

La irrupción de Colau

Fue la alcaldesa Colau, sin tener competencias para ello, la que colmó de promesas  imposibles de cumplir a los taxistas, como se encargó de recordarle inmediatamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la aversión de Podemos y sus socios al libre mercado el taxi ha encontrado un gran aliado. 

Sería injusto cargar toda la responsabilidad del conflicto sobre la espalda de un Gobierno que aún no ha cumplido ni dos meses. Hay que recordar que desde 2015 se ha intentado regular el sector con poca fortuna. Sin embargo, la debilidad de un Ejecutivo respaldado sólo por 84 diputados, es lo que, en efecto, convierte un contencioso complicado en un problema "irresoluble".