Este lunes ha comparecido públicamente la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para dar explicaciones sobre la forma presuntamente irregular en la que obtuvo su máster en Estudios de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011.

Si bien la ministra ha podido beneficiarse de unas facilidades reprochables si se demuestra que obtuvo la titulación a la sombra de su cargo -era diputada y portavoz de Igualdad por el PSOE -, no parece que esto sea suficiente para pedir su dimisión. Especialmente, si analizamos el funcionamiento -cuanto menos laxo- que ha tenido la Universidad española en general, y la Rey Juan Carlos en particular, hasta la implementación definitiva del Plan Bolonia.

Mismos delitos

De hecho, cuando Pedro Sánchez ha dado por buenas las explicaciones de Montón, ha quedado en evidencia la desmesura con la que los socialistas pidieron las cabezas de Cristina Cifuentes -primero- y de Pablo Casado -después-. En el caso de Cifuentes, ella misma terminó de ahorcarse con una versión llena de flagrantes mentiras. Ese puede ser el único punto flaco de Montón: no las probables ventajas de hace siete años sino las presuntas falsedades de ahora. Pero eso no es óbice para que algunas campañas mediáticas resulten tan exageradas como los argumentos casi surrealistas con los que una juez obnubilada  elevó el caso del líder del PP al Tribunal Supremo.

Si aplicáramos el mismo rasero de la magistrada, en la conducta de la ministra Montón concurrirían los mismos supuestos delitos de "cooperación para la prevaricación" y "cohecho impropio". Pero esto es un disparate que sin duda el Supremo dejará en evidencia.  El problema del PSOE es más bien político, porque si la tratara como a Casado tendría ya que haber dejado de ser ministra.

Disparate

Promover la muerte política de los beneficiados por el chiringuito del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos es, cuanto menos, un dislate. Incluso resultan exageradas las peticiones de que Carmen Montón comparezca en el Congreso, impulsadas por Cs y Podemos.

Es bueno que se aireen este tipo de conductas pero, igualmente, conviene valorar la magnitud de la irregularidad. Beneficiarse de un centro universitario que poco menos que regalaba sus títulos es una conducta censurable, pero no estamos ante un escándalo de la gravedad de los GAL, los ERES de Andalucía, el 3% de Artur Mas o la financiación ilegal del PP. 

La ministra se ha hecho un flaco favor a sí misma al intentar diferenciar su caso del de Casado clamando que "no todos somos iguales". Los matices serán distintos, pero la sustancia es la misma. La de un asunto muy poco edificante pero, también, la de un escándalo con mucho más ruido que nueces.