Será el cliente al final quien abone el pago de los impuestos de las hipotecas. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una votación apretadísima en la que, por 15 votos a 13, se ha decidido mantener la doctrina jurídica que ha estado vigente durante más de dos décadas. La banca se libra así de afrontar el pago del llamado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Pero lejos de aportar sosiego, esta sentencia abre una gran polémica, social, política y económica, y ya hay quien vaticina una judicialización permanente en torno a las hipotecas. La crisis comenzó el pasado 18 de octubre, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dictaminó que serían los bancos los que se harían cargo del citado impuesto. El presidente de esta Sala, Luis María Díez-Picazo, no midió la trascendencia del asunto y decidió llevarlo al Pleno tarde, cuando ya se había fijado posición. 

Juez pirómano

Díez-Picazo inició el incendio, no supo apagarlo y ha acabado avivándolo con una actitud negligente. Tal y como hoy revela EL ESPAÑOL, tras defender en las deliberaciones que se ratificara el criterio de su Sala, cambió en el último momento de posición y suyo fue el voto decisivo que inclinaba la balanza del lado de los intereses de los bancos, dejando así una gran sombra de duda sobre su proceder. 

Más allá del sentido del fallo final, que pese a la polvareda conecta con la jurisprudencia y merece todo el respeto, el proceso ha sido tan torpe que pone fácil la interpretación de que ha existido una injerencia del poder financiero en el poder judicial, una ocasión que no van a dejar pasar ni populistas ni nacionalistas en su afán por erosionar al Estado. 

Escándalo mayúsculo 

Estamos ante un asunto muy sensible que incide de forma directa en la vida de millones de ciudadanos, de ahí el escándalo mayúsculo. Por el camino, la crisis ha hecho temblar la Bolsa y ha acabado generando inseguridad jurídica. Por eso el propio presidente del Tribunal, Carlos Lesmes, ya tuvo que pedir perdón públicamente la semana pasada.

La torpeza de Díez-Picazo ha puesto al Supremo a los pies de los caballos. Con su actuación provoca que se azuze la desconfianza de los ciudadanos en la Justicia. Como causante principal de todo este despropósito su dimisión es inaplazable. Hoy mismo debe irse a casa.