La detención de un francotirador amateur de Tarrasa de ideología franquista que pretendía atentar contra el presidente del Gobierno ha causado, como es lógico, sorpresa y un gran revuelo. Su arresto fue posible gracias a que una dirigente local de Vox que tuvo conocimiento de sus planes por las redes sociales lo denunció a la policía.

A la sorpresa inicial de la opinión pública, y a medida que se conocían las circunstancias del caso, han seguido reacciones encontradas: estupor, alarma, incredulidad e incluso cachondeo. No es, sin embargo, un asunto que quepa abordar con frivolidad.

Seguridad nacional

La gravedad del suceso requería, de entrada, otro tratamiento por parte de las autoridades. El ahora detenido fue arrestado el pasado 19 de septiembre, pero su ingreso en prisión no ha trascendido hasta casi 50 días después y por una filtración periodística.

Después de haberse dado un perfil del individuo como de un "lobo solitario" y francotirador experto, se ha sabido que es "un tirador de cuarta". Esa circunstancia, y el hecho de que anunciara por redes sociales abiertamente sus intenciones, han dado pie a todo tipo de especulaciones, particularmente porque vienen a consolidar la imagen de Pedro Sánchez como adalid de la memoria histórica y enemigo de la ultraderecha.        

Transparencia ejemplar

¿Quiere decirse, como apuntan algunos, que estamos ante una exageración por parte de las autoridades? No. Conviene apuntar que, a lo largo de la Historia, hemos visto magnicidios que fueron anunciados por aparentes desequilibrados y cómo sus amenazas fueron minimizadas, cuando no ridiculizadas. 

La seguridad del presidente del Gobierno no puede tomarse a broma. Por eso sorprende la manera como se ha gestionado la información oficial de este caso. Precisamente porque es un tema serio hay que exigir la máxima transparencia.