Si no fuera porque la demanda presentada por Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, contra EL ESPAÑOL y su director, Pedro J. Ramírez, está impresa en papel oficial con el membrete de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, creeríamos que estamos ante una inocentada.

El suegro de Felipe VI argumenta su demanda en que, en una noticia publicada por este periódico el pasado 17 de julio, se vulnera el "derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de datos de carácter personal". La noticia en cuestión hacía alusión a un tuit de su hermana Henar Ortiz en el que, coincidiendo con la publicación de las cintas de Corinna, anunciaba que había firmado a favor de un referéndum para abolir la monarquía.

Razonamiento inaudito 

Lo que está en cuestión aquí, en primer lugar, es si la atribución a los Ortiz de la condición de republicanos es una ofensa. Creemos que no existen razones para que alguien se sienta ofendido por el hecho de que se le identifique con ideas republicanas, que no son infamantes ni delictivas. Pero es que, además, no es difícil encontrar declaraciones públicas y testimonios, tanto de los propios miembros como de allegados a la familia Ortiz, que prueban esas simpatías. Y ahí cabría incluir a Letizia antes de conocer al actual Rey.  

Por otra parte, el demandante entiende que la generalización del apellido Ortiz le concierne directamente. Es una deducción que no se sostiene, por cuanto supone patrimonalizar todo un apellido. 

Derecho a informar

Sea como fuere, EL ESPAÑOL no tiene ningún inconveniente en dar las explicaciones pertinentes sobre este asunto. Nos ampara la libertad de expresión y creemos que el debate sobre la forma de Estado es siempre relevante en una sociedad democrática. Más aún cuando aludir a las simpatías republicanas de una familia -que es el elemento noticioso de la pieza- queda muy lejos de la intromisión en la intimidad o el honor. 

Jesús Ortiz está en todo su derecho en cifrar su honor en esos 8.000 euros que reclama a EL ESPAÑOL por generarle un "daño moral". También a exigir "un espacio físico y espiritual excluido del resto de la sociedad". Pero este periódico tiene todo el derecho a informar libremente a esa misma sociedad. Nuestra información obedece escrupulosamente a criterios de interés público que guían el libre ejercicio de la labor periodística.