El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Este anteproyecto, que ha sido impulsado por los ministerios de Sanidad, Justicia e Interior, modifica 11 leyes actuales y contempla una tipificación más amplia del concepto de violencia para abarcar los abusos físicos, emocionales y psicológicos, el trato negligente o el simple descuido.
La protección de los más pequeños debe ser una prioridad indudable de la sociedad, y es bienvenida, por tanto, esta ley. Pero es cierto también que toda modificación en el Código Penal precisa de deliberación, de consenso, y su aplicación debe ser contraria a cualquier sombra de duda y a una utilización demagógica.
Intereses parciales
En este caso, se corre el riesgo de convertir una legislación loable en algo polémico, como ha ocurrido con determinados aspectos de la Ley de Violencia de Género. La realidad demuestra que hay normas que pueden quedar desvirtuadas por perspectivas espurias e intereses parciales.
Esta ley de protección del menor endurece el Código Penal, tanto que el plazo para que prescriba un delito cometido contra niños empezará a contar a partir del momento en el que la víctima cumpla 30 años, en lugar de los 18 actuales. La Ley Orgánica estipula, además, nuevos delitos como la incitación al suicidio, a la autolesión y la promoción de trastornos alimenticios a través de internet.
Inseguridad jurídica
Entre los aspectos polémicos, por ejemplo, está el de que el testimonio de un menor de 14 años servirá para una condena sin tener siquiera que comparecer en el juicio, ya que queda eximido de ratificarse, con el consecuente riesgo de que su declaración no responda fielmente a los hechos e incluso pueda haber sido inducida. De esa forma, además, desaparece el mecanismo para someter ese testimonio al principio de contradicción.
Más allá de estas cuestiones discutibles del anteproyecto de Ley, los 22 menores que han muerto en España en 2018 por causas violentas justifican la redacción de una ley que mejore la actual normativa. Pero en ningún caso debe alimentarse la inseguridad jurídica.
