Este jueves, el ex jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha comparecido como testigo en el juicio al proceso separatista. En su declaración ha tratado de justificar cuál fue el papel de la Policía autonómica en aquellos días convulsos: tanto en el acoso tumultuario a la comitiva judicial del 20 de septiembre, como en la celebración y la organización del referéndum y en la posterior precipitación de los hechos.

Si bien hay que recordar que a Trapero lo juzga la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, y que en el Supremo podía elegir no responder a las preguntas que considerase oportuno, su intervención ha abierto nuevos frentes en el juicio al golpe independentista. 

Icono 'indepe'

Trapero ha optado por la estrategia de apuntar hacia los mandos políticos, sobre todo a la labor del conseller Joaquim Forn, su jefe directo entonces, al que le achacó incluso "un punto de irresponsabilidad". Al actuar así ha roto su imagen de icono independentista.

Pero Trapero ha llegado a afirmar que los Mossos tenían "un dispositivo preparado para detener a Puigdemont y a los ex consellers". Que el máximo responsable de la Policía catalana sugiera que tenían previsto ese escenario es la prueba palmaria de la inacción del Ejecutivo de Rajoy en un momento en el que España afrontaba el más grave desafío al orden constitucional.

Dejaciones

Porque, y siempre según la versión de Trapero, el 27 de octubre, fecha de la proclamación de la DUI, éste contactó con el fiscal superior de Cataluña y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para asegurarles que los Mossos estaban "a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial". 

El juicio al procés tiene la virtud de hacernos volver la vista atrás, y permite preguntarnos por qué el Gobierno no instó a la Fiscalía a la detención de los golpistas, o por qué el CNI consintió que Puigdemont se fugara. Toda una cadena de dejaciones que señalan a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría y a Félix Sanz Roldán. Esa indolencia que los retrata para la Historia.