La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el robo de los datos del teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias está destapando hechos escandalosos. Entre los datos sustraídos los había políticos e íntimos que afectaban directamente al líder de Podemos, y fueron difundidos a medios de comunicación por altos mandos policiales con el propósito de perjudicarle.
No acabó ahí la cosa. De las pesquisas se desprende que el Ministerio del Interior -que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, un hombre de plena confianza de Rajoy- puso a trabajar a varios agentes en el rastreo de información negativa sobre Iglesias.
Las cloacas
De quedar acreditada esta operación, estaríamos ante un evidente episodio de "guerra sucia". El concepto se ha asociado hasta ahora en España a la etapa de Felipe González por los GAL, pero aun cuando en ese caso incluyó secuestros y asesinatos, estamos ante hechos de la misma naturaleza: el uso de las cloacas del Estado en busca de un beneficio partidista.
No estamos, además, ante un hecho aislado. De la operación Kitchen se desprende que funcionarios de Interior trabajaron al margen de la ley en la búsqueda de material incriminatorio contra el PP y contra el propio Rajoy que podía guardar el ex tesorero Luis Bárcenas.
Investigación
La gravedad de todo lo que está aflorando en la investigación de la Audiencia Nacional requeriría la comparecencia urgente del ministro Fernando Grande-Marlaska ante la Diputación Permanente para poner a disposición del Parlamento la información que Interior disponga de este caso. De la misma forma, se impone la creación de una comisión de investigación en el Congreso.
La persecución del líder del tercer partido de España desde las propias instituciones del Estado y con métodos mafiosos no es algo que pueda despacharse de cualquier modo. Hay que llegar hasta el final y actuar con contundencia.
