Este lunes ha entrado en vigor la reforma del Estatuto de los Trabajadores por la cual toda empresa tiene la obligación de registrar el horario de entrada y salida de sus empleados. Esta iniciativa, que el Gobierno aprobó en marzo, tiene por objetivo teórico evitar las horas extraordinarias no retribuidas.
El primer día de la norma, las quejas de todos los actores sociales han sido unánimes, lo que prueba lo fuera de la realidad que está la medida. Tal ha sido el descontrol que el Ministerio de Trabajo ha tenido que publicar una guía explicativa, ha reconocido su precipitación y ha acabado por conceder un "margen de maniobra" a los inspectores que han de velar por el cumplimiento de la nueva norma.
Anacronismo
Si bien la obligación del registro horario coincide con los planteamientos del Abogado General de la Unión Europea para luchar contra las horas extra no remuneradas -y hoy el Tribunal de Justicia la UE fallará al respecto-, el espíritu de la norma choca contra el sentido común y el propio funcionamiento del mercado.
Regular el tiempo tiene sentido, pero las rigideces que impone la normativa aprobada por el Ejecutivo son anacrónicas y complican la vida a los trabajadores en una economía necesitada de mayor flexibilidad. Los nuevos empleos y fórmulas laborales, el auge de los autónomos, las pequeñas empresas o el teletrabajo, precisan de otra filosofía.
Carajal
Tienen razón los abogados consultados por EL ESPAÑOL cuando consideran que el registro de jornada es un "carajal fuera de la realidad" que nos retrotrae a las prácticas productivas del siglo pasado. El Gobierno de Sánchez descarrila en un intervencionismo tan voluntarista como difícil de aplicar, y cuya primera víctima es el trabajador al que, paradójicamente, se trata de defender.