Este lunes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le juzga por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar la simbología independentista de los edificios del Gobierno autonómico.
Si de entrada Torra ha intentado chotearse públicamente de la Justicia con razones escatológicas (aseguraba que en la víspera había comido hasta la saciedad judías con butifarra), lo más flagrante ha sido el modo en el que el máximo representante del Estado en Cataluña ha tratado de convertir todo en un juicio político. Más aún, ha reconocido que desobedeció el dictamen de la Junta Electoral argumentando que "no podía acatar una orden ilegal" y que "bienvenida sea la condena" por cuanto su único marco legal es un inexistente "derecho de autodeterminación".
Desobediencia
Torra, en un juicio que ha quedado visto para sentencia y cuyo desenlace se sabrá en breve, ha optado por deslegitimar, ofender y desobedecer a un Tribunal alegando que el juicio suponía un "un acto de censura" y que está dispuesto a volver a retar a la Justicia mientras "siga como presidente de la Generalitat". Es como si los condenados por Gürtel o por el juicio de los ERE de Andalucía hubiera argüido que son víctimas de una Justicia dictatorial y que no reconocen a los jueces.
La sola alocución de Torra ante el TSJC ya es motivo suficiente para aplicarle el artículo 155, pues no puede seguir siendo la primera autoridad del Estado en Cataluña quien no reconoce la legitimidad que ha permitido, precisamente, que él sea presidente. Pero es que Torra ha asumido incluso el argumentario de algunos etarras en los juicios cuando no reconocían la autoridad de los tribunales, tal y como recuerda hoy EL ESPAÑOL.
Legalidad
Quim Torra desobedece la Ley, persiste en ello y trata de pervertir las normas parapetándose en su cargo y alegando que en razón de éste no renunciará "nunca" a unos supuestos "derechos civiles, políticos y democráticos de todos los catalanes", como si estuviera al margen del ordenamiento jurídico.
Resulta paradójico e insostenible políticamente que Torra niegue la legalidad de un Estado que es el mismo que lo habilita para ser presidente de una comunidad autónoma. Con su discurso ante el TSJC se ha situado fuera de la Ley, y eso debería bastar para destituirle aplicando la misma Constitución Española que le ha servido a él y a sus antecesores para presidir la Generalitat.