La Policía Nacional no soporta más que la mayoría de la clase política catalana les ponga a los pies de los caballos. En los agentes reina el estupor después de que se hayan aprobado diferentes mociones tanto en el Parlament como en el Ayuntamiento de Barcelona donde se cuestiona su profesionalidad. Con todo, lo más intolerable es que, para que hayan fructificado sendas mociones, ha sido clave el apoyo por activa y por pasiva del PSC.
No es casual, por tanto, que entre los sindicatos policiales catalanes haya unanimidad a la hora de denunciar este abandono institucional que, entienden, forma parte del progresivo paquete de cesiones de los socialistas a las inasumibles tesis de los populistas y de los separatistas, tal y como desvela hoy EL ESPAÑOL. Solo hay que comprobar lo que recogen las dos mociones para comprender el desamparo que sufre la Policía.
Cesiones
Porque si el martes el Ayuntamiento de Barcelona aprobó -a propuesta de ERC y con el apoyo del PSC- que el edificio de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Vía Laietana se convierta en un centro memorial sobre la represión franquista, la semana pasada el PSC se abstuvo en el Parlament cuando se instó a que los Mossos no participen en ningún altercado en el que la Policía Nacional emplee pelotas de goma.
Tienen razón los agentes cuando claman contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por este paulatino entreguismo del Gobierno a las veleidades separatistas de expulsar a la Policía Nacional de Cataluña bajo el perverso grito de "fuera las fuerzas de ocupación" que se escuchó hasta la saciedad en los días de violencia en las calles catalanas.
Desprecio
Y también tienen razón cuando adivinan en este desprecio por parte del Gobierno un movimiento para conseguir que cuadren los números de la investidura. Cabe recordar que ERC, imprescindible para que Sánchez sea elegido presidente una vez que éste ha descartado un pacto con el constitucionalismo, consultará el lunes a la bases si se abstiene en la votación decisiva a cambio de crear una mesa de negociación con el Estado.
El nacionalismo está envalentonado, y no sólo en Cataluña. Acabamos de ver cómo en el País Vasco, PNV y PSE han decretado que los ayuntamientos puedan comunicarse con los ciudadanos sólo en euskera, una medida de más que dudosa legalidad que, en la práctica, supone desterrar el español. Jamás, pero mucho menos en este clima, el Gobierno puede hacer guiños cómplices al separatismo en relación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sería peligrosísimo poner en almoneda los grandes pilares del Estado, ya sea la lengua de todos o la Policía Nacional.