La situación política ha llegado a un punto desquiciante. No sólo es que Pedro Sánchez de entrada haya dado la espalda a pactar con los constitucionalistas, haciendo depender su investidura de un partido como ERC; lo más preocupante es la sensación de interinidad a la que se ha abonado la vida parlamentaria. Ya admiten en Moncloa que la fecha de la investidura podría retrasarse incluso a febrero.

El partido de Junqueras ha dado muestras de enfriar las prisas de Pedro Sánchez con la intención de imponerle condiciones inasumibles. Para más inri, a última hora de ayer Vox mostraba su voluntad de impedir a Ciudadanos entrar en la Mesa del Congreso, pese a que el PP proponía un acuerdo inclusivo de los tres partidos.

Incertidumbre

España parece condenada a vivir en funciones. En este contexto los partidos afrontan hoy la constitución de las Cortes Generales. Pero el hecho de que no haya plazos para la investidura y que ni siquiera haya un candidato con los apoyos amarrados añade más incertidumbre. Y llueve sobre mojado: prácticamente desde la moción de censura a Rajoy el país vive en una situación de absoluta interinidad.

La situación se ha complicado en relación al 28-A. Si entonces el líder socialista pudo pactar a izquierda y a derecha, ahora es rehén de los separatistas. La negativa de Sánchez y Casado de hallar un mínimo punto de encuentro ha impedido desencallar la situación.

Descrédito

En este sentido, es de agradecer la iniciativa de Inés Arrimadas, que en una carta al presidente interino ha pedido que se llegue a "un acuerdo de gobierno constitucionalista" donde no estén ni la izquierda radical ni tengan influencia los separatistas. Arrimadas se convierte así en el adalid del gran pacto, ese gran pacto que desea una mayoría de españoles.

Por sentido de Estado y por responsabilidad, España precisa ya de un gobierno moderado y que prescinda de los extremos. Los retos económicos y territoriales no pueden afrontarse ni en funciones ni desde la radicalidad.