Hace hoy una semana que EL ESPAÑOL publicó su Rugido con el mismo título que encabeza este editorial. Decíamos entonces que Fernando Grande-Marlaska se había abrasado políticamente con dos decisiones impropias de un ministro del Interior. Primero, al dar salvoconductos a familiares de etarras para realizar visitas a la cárcel en pleno estado de alarma, un privilegio que no han tenido ni las víctimas del terrorismo.
Pero además, Marlaska acababa de destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no haber filtrado al Gobierno el informe que sus subordinados habían elaborado para la juez que instruye una denuncia por las manifestaciones del 8-M.
Insostenible
Todas las asociaciones judiciales criticaron esa decisión y le recordaron al ministro el artículo 126 de la Constitución, que establece que la Policía Judicial depende exclusivamente de los jueces y del Ministerio Fiscal; en ningún caso del Gobierno de turno. Y ya es grave y bochornoso que esto se lo tuvieran que refrescar a alguien como Marlaska, que es magistrado.
Dijimos que del cese de Pérez de los Cobos por hacer su trabajo, cumplir la ley y no prestarse a actuar como confidente del Ejecutivo pese a las presiones, había que hacer igualmente responsable a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Pues bien, si había elementos suficientes hace una semana para que Marlaska y Gámez dejaran su puesto, hoy su situación es insostenible.
La mentira
El ministro mintió en el Parlamento cuando desvinculó la destitución de Pérez de los Cobos del informe de la Benemérita a la juez. Hoy publicamos el documento firmado por María Gámez que demuestra que el cese del coronel se debe a "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial".
Lo dicho. Marlaska y Gámez, ni un minuto más.
