Tras el recurso presentado por la Fiscalía, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha decidido suspender el tercer grado al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros cuatro presos del procés.
La Justicia lo tiene claro: la concesión del tercer grado "en fases tan iniciales del cumplimiento de pena", cuando en algún caso aún no se ha cumplido ni la cuarta parte de la condena, supone alterar "la sentencia y su efectivo cumplimiento".
Amenazas
El hecho de que las competencias en materia penitenciaria estén transferidas a la Generalitat ha permitido dar un trato privilegiado a unas personas que intentaron dar un golpe de Estado. Además de recibir trato de favor en la cárcel, han disfrutado de permisos y han obtenido una situación de semilibertad que supone una burla para otros reclusos y para la propia Justicia.
Ahora que los tribunales, con toda razón, han suspendido la aplicación del tercer grado penitenciario a los presos, las autoridades catalanas han respondido con un nuevo desafío. Primero han dejado que los presos dieran un mitin a las puertas de la cárcel para insistir en su idea de lograr "la autodeterminación de Cataluña" aunque para ello tengan que saltarse la ley. Después, el presidente Torra leía una declaración institucional cargada de insultos y amenazas a España.
Amnistía
Tras calificar a España de "totalitaria" y "vengativa", la primera autoridad del Estado en Cataluña ha homologado a nuestro país con China o Turquía por pretender "reeducar" a los presos "para que se conviertan en buenos y obedientes súbditos de la Monarquía española". Sus palabras se comentan por sí solas.
Cegada la vía fraudulenta de los beneficios penitenciarios como subterfugio para excarcelar a los condenados por el golpe, el separatismo quiere hacer valer su peso: si Sánchez quiere los votos de ERC para aprobar los Presupuestos deberá proceder a la amnistía. Más que nunca, el Gobierno debe saber quiénes son las peores compañías.
