Si ya es de por sí compleja la relación entre el Gobierno y ERC a razón del acercamiento con Cs por el asunto de los Presupuestos, el Ejecutivo ha de lidiar ahora con el penúltimo órdago de Quim Torra que pasa por desobedecer la legalidad -será previsiblemente inhabilitado por el Tribunal Supremo- y ejercer como president de facto de la Generalitat.
Que Torra a partir de esa fecha deje de poder estampar su firma en papel oficial no quiere decir que no siga presidiendo de facto el Gobierno autonómico catalán que, para más vergüenza, viene teledirigido desde Waterloo por Carles Puigdemont. Todo un ejemplo del absurdo en el que están secuestrados los ciudadanos de Cataluña.
Purga de Torra
En Moncloa temen esta posibilidad, la de que Torra vuelva a agitar las calles y disponga nuevamente de mecanismos ilegales para confrontarse con el Estado y usando la experiencia en movilizaciones masivas y engañifas jurídicas de todo pelaje que emplearon en el referéndum ilegal del 2017.
En este sentido hay que entender la purga en el seno del Govern, con la defenestración de cuatro consejeros con un ADN más cercano a la antigua Convergència y con la práctica desaparición del PDeCAT en el Parlament. Es más, como revela hoy EL ESPAÑOL, Torra podría ser president a distancia como ya ocurrió con la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós (CUP), inhabilitada pero no destituida.
Guerra intestina
Y con esto, y en plena guerra intestina entre el independentismo, dejaría a Esquerra en una disyuntiva perversa: si el vicepresidente Pere Aragonès asumiera interinamente la presidencia de la Generalitat, Junts per Catalunya tendría el argumentario perfecto para acusar al partido de Oriol Junqueras de españolista, traidor, e incluso de lacayo del Supremo ante la perspectiva de unos nuevos comicios en Cataluña.
La complejidad del asunto catalán para el Gobierno en vísperas de la Diada es doble: esperan la puñalada de Torra y aún tienen que ver cómo avanzan en la llamada mesa de diálogo. Un vodevil que no cesa.