Isabel Díaz Ayuso acatará "de manera estricta" el cierre de las principales localidades de la Comunidad y renuncia a pedir la cautelarísima contra las órdenes dictadas por Salvador Illa. De este modo, ya es seguro, Madrid se cerrará a las 00.00 de este sábado sin que sepamos a ciencia cierta si las disposiciones del Ministerio de Sanidad publicadas ayer en el BOE están amparadas en la legalidad.
Es decir, que después de días y días de guerra política con el Gobierno central, Ayuso no ha querido recurrir al único recurso judicial -la cautelarísima- que hubiera, en cuestión de horas, resuelto si el cerrojazo de Madrid quedaba en suspenso. El Ejecutivo regional ha preferido optar por solicitar medidas cautelares a la Audiencia Nacional, por lo que el juez deberá oír a las partes y tomar una primera decisión que se demorará varios días.
Una paradoja
Fruto de la obediente rebeldía, de Ayuso, argumentada por la presidenta en que los madrileños y su Gobierno no son como los separatistas, hasta podría darse la circunstancia de que cuando la Justicia se pronuncie, las rígidas restricciones en Madrid hayan sido retiradas por el Ministerio de Sanidad. Un absurdo más de esta perversa judicialización de la salud que tanto desconcierto genera entre los ciudadanos, y también en los países de nuestro entorno.
Dice el refranero que para este viaje no hacían falta tantas alforjas: si en el ánimo de Ayuso estaba transigir al final con lo que dispusiera el Gobierno, podríamos habernos ahorrado semanas de desencuentros y la Comunidad podría haber negociado unas restricciones más flexibles. Y había argumentos para hacerlo, atendiendo por ejemplo a las "especificidades" de Madrid que el propio Salvador Illa ha asumido públicamente.
El desconcierto
Dicho en plata: cualquier mal acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez y el madrileño hubiera sido mejor que el acatamiento puro y duro de la orden del Ministerio de Sanidad. La postura de Ayuso da razones a quienes interpretan que está alargando este enfrentamiento para obtener réditos políticos.
La ecuación está clara y su mero enunciado resulta sonrojante: a la inseguridad médica unimos también la inseguridad jurídica. Habrá que ver cómo digieren los afectados este engrudo que le sirven las autoridades.
