Aunque todo se quiera camuflar como una disidencia dentro de la unidad del Ejecutivo, lo cierto es que prácticamente no hay semana en que no afloren las discrepancias entre las dos almas del Gobierno de coalición. Las posiciones radicales de Podemos obligan una y otra vez a los socialistas a una labor de pragmatismo y de rectificación.
Este jueves, Pablo Iglesias anunciaba la inminente publicación de un decreto para prohibir los desahucios a personas que no tengan una alternativa habitacional. Se trata de una medida polémica per sé, que lo ha sido más aún desde el momento en el que Podemos decidió autoenmendar al Gobierno de la mano de Bildu y ERC.
Control judicial
La realidad es que a Iglesias le faltó tiempo ayer para apuntarse el tanto de una reunión que acababan de mantener David Lucas, secretario de Estado de Vivienda -área dependiente del Ministerio que dirige José Luis Ábalos-, y Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030.
En esa reunión, se habían acotado las demandas del vicepresidente: sólo se paralizarán los desahucios bajo control judicial y previo informe de los Servicios Sociales que acredite que existe situación de vulnerabilidad. Y aunque Podemos pretendía que los desahucios quedaran en suspenso hasta diciembre de 2022, finalmente ese periodo se reduce a seis meses, hasta que acabe el estado de alarma.
Okupas profesionales
Ahora bien, pese a haber sido suavizada por el departamento de Ábalos, esta medida antidesahucios supone una restricción al derecho de propiedad y, por tanto, no es inocua. Crea un precedente. Además, podría acabar convirtiéndose en un coladero para okupas profesionales.
Este caso, en el que otra vez tiene que salir un ministro del PSOE a corregir los desbarres de Podemos, revela claramente la estrategia de Pablo Iglesias de adjudicarse en exclusiva cualquier medida social del Ejecutivo. Menudo socio.