Los misérrimos datos de vacunación son claros y deberían avergonzar a sus responsables. No hay excusa, ni política, ni logística, ni científica, para el caos generado por la incompetencia de las Administraciones españolas en la distribución y la aplicación de las vacunas contra la Covid-19. 

Hoy, los españoles vuelven a ser desiguales entre sí en un terreno que debería ser tan poco susceptible a la discriminación como el de la vacunación contra la epidemia.

Hace ya casi un año del confinamiento más estricto de Europa y el nuevo estado de alarma perpetrado por Moncloa, que ha delegado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, no ha hecho sino añadir más confusión a un asunto en el que nuestros vecinos de la UE han demostrado más unidad que nosotros.

Unidad y la necesidad de que exista un ente que centralice la lucha contra la pandemia y unifique los criterios sanitarios. Ente más conocido en la UE como Gobierno. 

Sin esos criterios y esa unidad, la gestión de la pandemia ha degenerado en España en un galimatías anárquico, en un embarrado manantial de medidas cambiantes, parciales y contradictorias imposibles de recordar por los ciudadanos. ¿Cuántos españoles saben hoy dónde y cuándo y por quién serán vacunados? 

Excusas de libranza 

Es incomprensible que, por motivo de unos horarios de trabajo carpetovetónicos y de calendario laboral, es decir de días de libranza, no se hayan podido administrar adecuadamente todas las vacunas en España. Sólo un 37,4% de las dosis recibidas en nuestro país han sido administradas.

Todo recuerda, peligrosamente, a la falta de respiradores, de mascarillas y de material de protección sanitario de la primera ola. 

Que en el espíritu del nuevo estado de alarma se deleguen en las regiones competencias que deberían ser sin duda alguna estatales equivale a una dejación imperdonable de funciones. Como si el coronavirus entendiese de fronteras autonómicas.

Lo avisamos hace tiempo en EL ESPAÑOL. La estrategia de Sánchez de descentralizar la lucha contra la pandemia iba a tener un alto precio: el del surgimiento de nuevas barreras discriminatorias entre españoles. 

Taifas ante las vacunas

Cualquier español que resida en una comunidad diferente a la suya habrá podido comprobar que la burocracia de la Sanidad española es elefantiásica. Y, a pesar de ello, existe desigualdad en el acceso a la vacuna.

Un plan único de vacunación sería lo más apropiado para preservar no sólo la salud de los españoles, sino también sus derechos como ciudadanos. La claridad, el orden y la coordinación son absolutamente necesarias en este contexto para operar con eficacia y rapidez.

Si el sector sanitario público es incapaz de vacunar con la rapidez y la eficiencia necesarias por las razones que sean, es imprescindible que se recurra al Ejército, a la Cruz Roja o a la sanidad privada. Esos profesionales se han ofrecido. Y lo sabemos. ¿Por qué no están trabajando ya?

La idea de que los españoles deben ser vacunados sí o sí por el sector público, como si la vacuna sólo fuera efectiva si el sanitario que inyecta la dosis cobra de los Presupuestos Generales del Estado, condena a los ciudadanos a semanas, quizá meses de espera sin fecha segura de vacunación. 

Si hay un terreno en el que los prejuicios ideológicos no pueden interferir, ese es el de la salud de los ciudadanos en el contexto de una epidemia que ha matado a más de 50.000 españoles y que sigue matando hoy a cientos de españoles al día. 

Replicar protocolos 

La distribución de las vacunas por parte del Gobierno debe acompasarse al ritmo de cada Comunidad para potenciar a las más eficaces, aunque sin perjudicar de forma exagerada a las más rezagadas. Sanidad se ha negado a ello y desde EL ESPAÑOL creemos que eso es un error.

No se trata de introducir en el sector público principios de competencia equivalentes a los de las empresas del sector privado, pero sí de generar incentivos positivos que conduzcan a las comunidades menos eficientes a replicar los protocolos de aquellas que han demostrado serlo más. 

La misión es y debe ser transparente: vacunas, vacunas y vacunas. Todos los ciudadanos deben recibir su dosis porque esta les pertenece a ellos y no a las comunidades autónomas, al sector sanitario público a al Gobierno central.

Nos estamos jugando demasiado como para andar pasteleando con las vacunas.