Como explica hoy EL ESPAÑOL, Trabajo multará con un mínimo de 6.250 euros y un máximo de 187.515 a quien pague a su empleada doméstica una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, situado en este momento en 950 euros mensuales.
El Gobierno iniciará en breve una campaña de información y a partir del 31 de marzo sancionará a aquellos ciudadanos que, debiendo hacerlo, no hayan actualizado las cotizaciones y el salario de sus empleadas del hogar.
El empeño de Trabajo en frenar la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social en el sector de las empleadas del hogar es loable. Pero este sector tiene unas características que lo hacen mucho más frágil que otros sectores a la presión reguladora.
La primera de esas características es que el trabajo de una empleada del hogar no es de primera necesidad. Frente a la perspectiva de un aumento de las cotizaciones y de los salarios, muchos empleadores optarán por el despido.
Como se ha demostrado en el caso del sector de la hostelería y de la agricultura, el aumento del sueldo mínimo interprofesional no ha derivado en un aumento generalizado de los salarios, sino en el despido de decenas de miles de trabajadores.
Y eso en un sector en el que la mano de obra no es optativa, como sí lo es en el caso de las empleadas del hogar.
Ante la imposibilidad para el empleador de asumir el incremento del salario y las cotizaciones (unos 72 euros en el caso de una empleada que cobre 254 euros al mes), ¿qué alternativa se le ofrece a estas trabajadoras?
De buenas intenciones está empedrado el infierno.
Un sector muy frágil
En un contexto de crisis económica, los servicios de limpieza del hogar y de asistencia serán los primeros que suprimirán las familias. Con el agravante de que el perfil de las empleadas del hogar no es el de un trabajador con facilidad de acceso al mercado laboral, sino todo lo contrario.
¿A quién pretende beneficiar, en fin, esta medida?
Trabajo no tiene además en cuenta la variable geográfica de este tipo de empleos. Porque no es lo mismo el trabajo doméstico que se ejerce en el centro de Madrid, en un barrio de rentas altas, que en ciudades de Extremadura o Andalucía donde los salarios son mucho menores a los de un madrileño.
El riesgo es que esta medida acabe no ayudando a nadie. Ni al contratante ni al contratado. No hay que llevarse a engaño. Esta presión reguladora pondrá contra las cuerdas a las empleadas del hogar en un momento especialmente dramático. Si la medida ya sería contraproducente en un contexto de auge económico, ejecutarla en plena crisis pandémica es extraordinariamente arriesgado.
Los de abajo
La ideología y el arquetipo del señorito que contrata en B a su asistenta casan mal con la realidad económica, que habla de 505.000 mujeres y 71.000 hombres que trabajan en el sector del hogar. Ni todos sus empleadores son ricos, ni todos esos trabajadores pueden permitirse el lujo de ser despedidos e iniciar la búsqueda de un nuevo empleador, como si estos abundaran.
Los trazos gruesos que la demagogia dibuja sobre la economía tienen un correlato directo y nefasto en la vida de miles de trabajadores. La solución, excluyendo las soluciones populistas de sal gorda, pasa por reformar el sistema de cotizaciones y adaptarlo a la realidad. El objetivo es mantener el trabajo, no destruirlo.
Ni la realidad se altera con buena voluntad ni un sueldo mínimo adulterado políticamente salvará ningún puesto de trabajo. Más bien todo lo contrario.
Que el ala populista del Gobierno, especializada en hundir aquellos sectores que dice querer proteger ("no me quieras tanto" deben pensar muchos), venda la lucha contra la economía sumergida en estos términos no es más que una muestra más, de tantas, de un electoralismo flagrante a costa de los de abajo.
Que sea precisamente Podemos, el partido de Irene Montero, Pablo Iglesias y Pablo Echenique, el ideólogo de esta medida es, en fin, sólo una más de esas contradicciones que su público parece cabalgar con un empeño digno de mejor causa.
Pero a eso, por desgracia, ya estamos acostumbrados. Para Podemos, hay unas reglas para el español medio, para sus niñeras, escoltas y asistentas personales, y otras reglas muy distintas para ellos.