El Rey Emérito ha pagado 4.395.000 euros a Hacienda por "las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos de viajes y servicios". Esta regularización se suma a la efectuada en diciembre, de 678.000 euros, también con la intención de adelantarse a posibles requerimientos de la Agencia Tributaria. 

Es chocante que el Rey Emérito haya regularizado, en apenas dos meses, y con dinero prestado por algunos de sus amigos, más de cinco millones de euros. Especialmente cuando no ha habido movimiento alguno por parte de la Agencia Tributaria o de la Fiscalía.

Llama también la atención la irresponsabilidad del tren de vida de Juan Carlos I, especialmente teniendo en cuenta que las cantidades regularizadas tienen su origen en el periodo en el que este había perdido ya la inmunidad. 

Es cierto, en cualquier caso, que las posibles irregularidades del Rey Emérito no cuestionan la institución de la Corona y que sólo le afectan a él personalmente, como dijo ayer viernes el presidente del Gobierno durante su rueda de prensa en los jardines de Moncloa. 

Pero también lo es que el prestigio y la respetabilidad de la monarquía se basan tanto en datos objetivos (y ahí la impecable conducta personal del rey Felipe VI sigue siendo el principal activo de la Corona) como subjetivos. Es decir, emocionales. Y es precisamente en ese terreno donde las continuas informaciones sobre los enredos fiscales del Rey Emérito no ayudan en nada a la estabilidad de la institución.

Rangos honorarios

A la vista de dichas informaciones, empieza a ser necesario plantearse la posibilidad de que Juan Carlos I se vea privado de su rango honorario, regulado por la Disposición Transitoria 4ª del Real Decreto 1368/1987, que le garantiza "continuar vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona". 

Sería asimismo conveniente que la Fiscalía informara del estado de sus investigaciones y llamara a declarar al Rey Emérito. Algo a lo que Juan Carlos I podría negarse, pues está en su derecho, pero que contribuiría a evidenciar el compromiso del Ministerio Fiscal con el principio de igualdad de todos los españoles.

La situación del Rey Emérito, refugiado en los Emiratos Árabes, es en cualquier caso insostenible. Por las razones antes expuestas y porque alimenta de argumentos, no todos ellos descabellados, a Podemos y los antimonárquicos. 

Miopía en el relato

Las irregularidades de Juan Carlos I no pueden servir, en definitiva, como argumento para abrir una causa general contra la monarquía parlamentaria. Los ataques populistas hacia el mal llamado régimen del 78 están usando esas irregularidades para demoler un sistema, el de la democracia constitucional, superior al propio Juan Carlos I.

El republicanismo ad hoc del populismo cree, además, que unas irregularidades tienen menos peso que otras. Pero hay que ser consecuentes. Y distinguir el polvo de la paja.

De hecho, Felipe VI ha dado ya varias lecciones acerca de cómo proceder con rigor y respeto a la ciudadanía. La responsabilidad que ha demostrado es admirable. La jefatura del Estado se defiende con hechos y el rey demostró ejemplaridad al abjurar de su padre cuando le retiró la dotación que este percibía. 

No hay que olvidar, además, que es sólo una de las dos almas del Gobierno de coalición la que está usando los errores del Rey Emérito para desarticular un modelo democrático que no comparte. Es decir, Juan Carlos I es sólo un pretexto para Podemos. Y de ahí a la demolición del sistema al completo hay sólo un paso para los de Pablo Iglesias. 

Juan Carlos I es una figura ambivalente para España y eso es una realidad. Es al mismo tiempo un símbolo de nuestra democracia y un personaje que ha cometido claros errores. La historia, y quien corresponda, ha empezado ya a juzgarlo.