Cartas sobre la mesa. El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad parlamentaria al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y lo ha hecho con el voto en contra de Podemos, del Frente Nacional de Marine Le Pen y de varios grupos de ultraderecha, ultranacionalistas y de extrema izquierda.

Es decir, con el voto en contra de esos caballos de Troya del populismo autoritario que intentan derribar las democracias liberales europeas desde el epicentro de la UE.

Junto a Podemos ha votado incluso Alternativa por Alemania, un partido situado a la derecha de la ultraderecha y al que sólo separa del neonazismo un puñado de eufemismos en sus discursos y su programa político. Son los nuevos amigos del nacionalismo catalán en Europa y ahora lo son también de Podemos. 

Qué impagable retrato de lo peor de la familia europea. Y qué misil en la línea de flotación del Gobierno del que Podemos forma parte. Pero especialmente en la de Pedro Sánchez. Porque todos sus socios parlamentarios, sin excepción (ERC, EH Bildu, IU, PNV, Junts), han votado a favor de Puigdemont. Es decir, del líder de un golpe de Estado contra la democracia española. 

Un largo camino

La pérdida de la inmunidad parlamentaria del líder del procés (y de Toni Comín y Clara Ponsatí) pone contra las cuerdas a los golpistas, pero no implica su entrega automática a las autoridades españolas. Autoridades que deberán esperar ahora a que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactive frente a los tribunales belgas la euroorden por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. 

Pero ni siquiera esa nueva euroorden tiene asegurado el éxito. Porque los tribunales belgas han rechazado una y otra vez los intentos de la Justicia española de traer a Puigdemont a España para que sea juzgado por los graves delitos que se le imputan.

Prueba de ello es el rechazo, por parte del tribunal de primera instancia de Bruselas, de la euroorden cursada contra el exconsejero Lluis Puig, que ni siquiera es eurodiputado.

Como explica hoy EL ESPAÑOL, Llarena se plantea "acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que éste verifique si Bélgica está aplicando correctamente la legislación de la UE".

La medida retrasaría sin duda alguna la entrega de los prófugos, pero podría despejar el camino en los tribunales belgas, que han dinamitado la unidad del espacio judicial europeo defendiendo la tesis de que la Justicia española no garantiza un juicio justo y con todas las garantías a sus ciudadanos. 

Lealtad europeísta en duda

Es difícil exagerar la gravedad de estos dos hechos.

El primero de ellos, que uno de los dos partidos que forman parte del Gobierno de un Estado de derecho de la UE vote a favor de los intereses de un golpista huido de la Justicia y en contra de los de su socio de Gobierno. En este caso, el PSOE. 

El segundo, que los tribunales belgas, punta de lanza de un nacionalismo carpetovetónico y desde luego rotundamente predemocrático, se nieguen a acatar los principios más elementales de la cooperación entre Estados europeos en materia judicial.

Podemos y la Justicia belga defienden, junto a los herederos de una de las dos ideologías criminales contra las que se construyó la UE, que la Justicia española no es propia de un Estado democrático y que en su territorio no se respetan los derechos humanos.

Defienden también que España es un régimen autoritario que persigue a sus ciudadanos por sus ideas, y no por sus actos, y que los españoles gozan de mayor protección fuera que dentro de sus fronteras. 

Mientras la mitad del Gobierno, la del PSOE, hace ostentación pública de su lealtad europeísta, su socio de coalición y todos (lo repetimos: todos) sus apoyos parlamentarios proclaman con su voto que España, y por lo tanto su Gobierno, no son democráticos. 

Peores contradicciones ha cabalgado este PSOE de Pedro Sánchez. Pero quizá ninguna tan dañina a largo plazo para la imagen de España en el extranjero. Una España que a la etiqueta de campeona de la Covid, de la crisis económica y del paro, debe sumar ahora el esperpento de ver a la mitad de su Gobierno traicionar a la otra mitad en defensa de un golpista.