Como revela hoy INVERTIA, el Gobierno planea recuperar en 2022 las medidas fiscales que habían sido aparcadas por la pandemia y que incluyen, entre otras, la subida del diésel, nuevas tasas verdes, el retoque de las deducciones y los beneficios fiscales de las empresas, y una armonización fiscal (previsiblemente al alza) cuya víctima principal será la Comunidad de Madrid, el motor de la economía española. 

Ni siquiera sirve de consuelo que esas medidas no vayan a ser puestas en marcha hasta 2022. Porque el Banco de España ha rebajado la previsión de crecimiento al 6%, el paro supera ya la cifra de los cuatro millones y la epidemia parece todavía lejos de estar bajo control gracias a un ritmo de vacunación inferior al previsto y lastrado por la mala gestión de los contratos con las farmacéuticas por parte de la UE.

Todos esos elementos, sumados a otros indicadores de menor importancia pero que en ningún caso permiten lanzar las campanas al vuelo, hacen pensar que la economía española tardará todavía en alcanzar su ritmo óptimo de carrera. Y sin medidas de ajuste que acompañen al incremento de la presión fiscal, esta podría hacer más daño que bien al bolsillo de los ciudadanos y los balances de las empresas españolas.

Trampas al solitario

Es cierto que la recaudación fiscal total ha caído "sólo" un 8,8% en 2020 en España. Una cifra comparativamente menor a la de la crisis financiera de 2008, que rondó el 17%. El dato parece alimentar, en principio, la tesis del Ministerio de Hacienda favorable a un incremento de la fiscalidad.

Pero ese 8,8% no es más que una trampa al solitario que se hace el Ministerio de Hacienda. Porque ese porcentaje se sostiene sobre la ficción de las ayudas y los ERTE del Gobierno. Unas ayudas y unos ERTE que desaparecerán en breve del escenario y que no podrán ser reemplazados, al menos de forma directa, con los fondos de la UE. 

La reforma del Gobierno forma parte del paquete de medidas prometidas a la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. El objetivo es situar España cerca de la media de recaudación de la Unión Europea.

Pero, una vez más, el Ejecutivo vuelve a hacerse trampas al solitario en este terreno al confundir de forma interesada la presión fiscal, efectivamente menor en España (35% del PIB) que la media de la UE (41%), con el esfuerzo fiscal, que sitúa a España en el cuarto puesto del ranking de países de la UE que más exigen a sus ciudadanos, sólo por detrás de Grecia, Portugal e Italia.

Dicho de otra manera. Es injusto aplicar a los ciudadanos españoles la presión fiscal danesa, alemana o francesa cuando la renta per cápita española es muy inferior a la de esos tres países. 

Fiscalidad verde

El Gobierno pretende gravar al alza el diésel y otros combustibles fósiles en 2022, algo que impactará de forma especialmente grave en el sector del transporte y que, previsiblemente, repercutirá en los precios que pagarán los españoles por los productos de alimentación, de vestir y de ocio y tecnología, entre otros.

Aunque esta es una medida reclamada por la UE en el contexto de la transición energética y hacia una economía verde, recordemos que los Presupuestos Generales del Estado estuvieron cerca de naufragar por la negativa del PNV a apoyar el llamado dieselazo. 

Pero la principal medida del Ejecutivo, y la que con toda seguridad provocará más polémica, es esa armonización de la fiscalidad autonómica que reduciría al mínimo el margen del que disponen las comunidades para incrementar o reducir los tributos de sucesiones, donaciones y patrimonio. 

La medida es un misil en la línea de flotación de la Comunidad de Madrid, que basa su prosperidad económica en una política fiscal menos draconiana que la de otras comunidades españolas y que ha sido acusada por ello de dumping fiscal tanto por autonomías socialistas como por el mismo Gobierno central. 

La ironía llega cuando se recuerda que el PSOE es, junto con los nacionalistas, el partido que más ha defendido la autonomía fiscal catalana y vasca. 

Contra Ángel Gabilondo

La medida supone también un misil en la línea de flotación de un Ángel Gabilondo que se ha comprometido a no retocar la política fiscal madrileña si llega a la presidencia de la Comunidad el próximo 4 de mayo. ¿Cómo defenderá ahora el candidato socialista sus palabras cuando el Gobierno ha anunciado ya que Madrid está en el punto de mira?

La armonización fiscal destruirá la autonomía fiscal que ha hecho de Madrid un modelo de éxito para el resto de comunidades españolas. Incluidas aquellas que, en vez de seguir el mencionado modelo madrileño, han optado por seguir el camino hacia la nada de la Cataluña nacionalista. 

La reconstrucción de la economía española debe basarse en la economía productiva. Asfixiar fiscalmente al sector privado es la receta para, en el mejor de los casos, retrasar durante un tiempo indefinido la recuperación de nuestra economía.

En el peor de ellos, imposibilitarla de raíz.