Con el objetivo de despejar los rumores que hablan de una posible convocatoria de elecciones anticipadas, Pedro Sánchez afirmó ayer que "en Madrid se va a volver a votar en mayo de 2023 antes que en las generales".

Las palabras del presidente del Gobierno parecen confirmar que está dispuesto a agotar la legislatura a pesar del pésimo resultado del PSOE en las elecciones madrileñas, del evidente debilitamiento de sus ya de por sí frágiles apoyos parlamentarios y de ese sorpaso del PP, el primero desde 2019, del que hablan los sondeos de voto. 

Pedro Sánchez ha intentado también zanjar el debate generado por el doble caos provocado tras el fin del estado de alarma.

Caos autonómico, en primer lugar, al haberse delegado en los tribunales de justicia la decisión última acerca de las medidas con las que las comunidades pretenden hacer frente a la pandemia durante los próximos meses.

Caos nocturno, en segundo lugar, por los botellones con los que miles de jóvenes celebraron este sábado el fin del estado de alarma en varias ciudades españolas. El absurdo de la situación lo sintetizó a la perfección uno de esos jóvenes, entrevistado en televisión. Hacer botellón "está mal", pero si lo hacen es "porque la ley lo permite". 

Que el presidente está decidido a agotar la legislatura, fiándolo todo al éxito de la vacunación y a una salida exitosa de la pandemia a finales de este verano, parece ya una evidencia a la luz de sus declaraciones.

Pero la pregunta relevante es cómo piensa hacerlo. 

Prórroga de los Presupuestos

Uno de los obstáculos a superar será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Un obstáculo no insalvable, pero sí difícilmente compatible con las previsibles necesidades futuras de la economía española. 

El Gobierno puede, efectivamente, prorrogar los actuales Presupuestos Generales del Estado. Pero eso supone perpetuar unas partidas de gasto diseñadas para unas circunstancias muy diferentes a las que requerirá el reparto de los fondos europeos que deberían llegar durante los próximos meses. 

Un obstáculo añadido en este caso será el atasco en las enmiendas a la ley que regula la gestión de los fondos europeos. Un atasco legislativo que amenaza con aplazar el reparto de los fondos hasta 2022, como hoy explica EL ESPAÑOL, y que provocará un retraso que la economía española no puede permitirse bajo ningún concepto. 

Pero es el Gobierno el que se ha metido por decisión propia en un callejón sin salida del que ahora le va a resultar difícil salir. Porque ese atasco se habría evitado fácilmente mediante un pacto con el otro gran partido nacional, el PP de Pablo Casado.

El PSOE está por supuesto en su derecho de rechazar cualquier tipo de pacto con los populares para no alienarse el apoyo de sus socios de Podemos, ERC y de otros partidos populistas y extremistas. Pero a lo que no tiene derecho es a que el mantenimiento de esos apoyos se haga a costa de los ciudadanos españoles y de su futuro.

El PP es necesario

El Gobierno debe asumir de una vez que no habrá salida viable de la crisis sin el apoyo del PP. Y eso porque el reparto de los fondos europeos pasa, por fuerza, por las comunidades españolas. Lo que incluye a la principal de ellas, la de Madrid, así como las de Galicia, Andalucía o Castilla y León, gobernadas todas ellas por el PP. 

El Gobierno debe asumir también que ese rechazo a cualquier tipo de pacto con el PP, que incluye la negativa a una ley de medidas sanitarias de urgencia o a la reforma de la legislación existente para que esta ampare aquellas medidas restrictivas que afectan a derechos fundamentales, dificulta la salida de la epidemia y lo fía todo al azar. 

Es la tozudez del PSOE y su empeño en jugar en un tablero que ya no existe tras la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso en Madrid lo que condena a España a una salida de la crisis mucho más arriesgada, tensa e incierta de lo que sería deseable. 

No le ha ido bien anteriormente al Gobierno confiando en la baraka de una situación económica y sanitaria que está muy lejos de poder controlar con eficacia en sus circunstancias actuales.

Frente a la inseguridad económica y sanitaria que asoma por el horizonte, fiarlo todo a la reconstrucción de un nuevo Frankenstein parlamentario cuyos intereses, al menos en el caso de los nacionalistas vascos y catalanes, están hoy lejos de los del Gobierno comporta un alto riesgo de fracaso.

No debería ser ese el camino de Pedro Sánchez y mucho menos el de España. El país se juega demasiado durante los próximos meses.