La noticia de que el Gobierno permitirá, si así lo desea ERC, que Oriol Junqueras sea uno de los negociadores presentes en la mal llamada mesa de diálogo es una prueba más del pantanoso terreno al que se dirige el Ejecutivo con su decisión de indultar a los líderes del procés.
La posibilidad de que Junqueras se siente a negociar con el Gobierno como si en 2017 no hubiera ocurrido nada y los indultos hubieran borrado cualquier rastro de memoria histórica en un Gobierno que ha hecho gala de ella es una burla al más elemental pudor democrático por partida doble.
En primer lugar, porque convierte en papel mojado la inhabilitación de Oriol Junqueras para el ejercicio de cargo público. ¿De qué sirve entonces que el Gobierno esgrima como atenuante de su decisión de indultar a los líderes del procés el detalle de que ese perdón no alcanzará a la pena de inhabilitación?
"Corresponde a los Gobiernos decidir a sus representantes en esa mesa del reencuentro" ha dicho el Ejecutivo. ¿Incluso si estos han sido condenados por uno de los delitos más graves contra el orden constitucional, el de alzarse contra la democracia haciendo además uso de ingentes recursos públicos malversados?
¿Quiere hacernos creer el Gobierno que no tiene la más mínima posibilidad de vetar la presencia de Junqueras en una mesa cuyo objetivo, para los partidos nacionalistas catalanes presentes en ella, es negociar un referéndum de secesión? Y si el Gobierno no tiene siquiera la fuerza y la autoridad necesaria para vetar la presencia de Junqueras, ¿para qué tendrá fuerzas en esa mesa de negociación?
En segundo lugar, porque oficializa lo que hasta ahora era un secreto a voces: que Oriol Junqueras no ha dejado de ser nunca el verdadero líder de ERC, que Pere Aragonès es sólo un testaferro del verdadero presidente de la Generalitat, y que el Poder Ejecutivo (y Legislativo) en Cataluña está hoy en las manos de un delincuente condenado por el Supremo y de un prófugo de la Justicia apellidado Puigdemont.
Humillación para el Estado
Es cierto que la presencia de Junqueras en la mesa de negociación entre el Gobierno central y el Gobierno regional catalán no implica el ejercicio de un cargo público. Pero equivale de forma clara a ello. Porque, ¿qué mayor autoridad puede ostentarse en la Cataluña nacionalista de hoy que ser el negociador de un referéndum de autodeterminación con el Gobierno?
El Gobierno no puede fingir que la presencia de Oriol Junqueras en esa mesa no sería una humillación para el Estado, para el Tribunal Supremo y para todos los españoles que fueron víctimas en 2017 del golpe ejecutado por las autoridades nacionalistas.
Esa mesa no debería haberse celebrado nunca. Pero una vez aceptado el mal mayor, es decir su mera existencia, un mínimo prurito democrático exige al Gobierno que este sea consciente de que no está ahí para defender sus alianzas en el Congreso de los Diputados, sino el orden constitucional y los derechos fundamentales de los españoles.
No existen las condiciones
La postura de este diario es clara. Ni se dan las condiciones jurídicas y políticas para el indulto de los líderes del procés, ni mucho menos para que los así perdonados retomen, como si el golpe de 2017 hubiera sido efectivamente una ensoñación, sus papeles como líderes políticos, sociales y morales de la Cataluña del futuro.
En este contexto, resulta incluso cínico que el Gobierno se apoye en una supuesta voluntad de superación del conflicto para justificar la concesión de los indultos. ¿Es así como se supera el conflicto? ¿Restituyendo a los reos en los liderazgos que ocupaban antes de ser condenados y que les permitieron llevar a cabo el delito en primer lugar?
Los condenados no cometieron sus delitos contra el PP, como sostiene ahora al menos una parte del Gobierno. Los cometieron contra todos los españoles. Contra el PP, sí. Pero también contra el PSOE, contra sus votantes y contra todos los catalanes que no comulgan con el nacionalismo.
Pero la decisión ya está tomada. Pere Aragonès ha invitado a Oriol Junqueras a formar parte de la mesa (lo que equivale a una autoinvitación de Junqueras, cuya autoridad en este asunto parece estar por encima de la del Gobierno) y el Ejecutivo ya tiene preparada la imagen con la que tapará la foto de esa mesa de diálogo: la de Pablo Casado en Colón, junto a Vox.