Quienes sospechaban que los indultos no saciarían el hambre del separatismo vieron ayer corroborada su desconfianza durante la comparecencia del presidente autonómico catalán tras su reunión con Pedro Sánchez.

Sorprendió Pere Aragonés anunciando dos mesas de diálogo.

En la primera de esas mesas se tratarán las exigencias legales, aunque inmorales. Es la llamada comisión bilateral Estado-Generalidad. Una comisión que parte del supuesto, no negado todavía por el Gobierno, de un hipotético incumplimiento constante de las inversiones del Estado en la comunidad catalana.

La segunda, la llamada mesa de negociación del conflicto político, es aquella en la que se despacharán las exigencias inmorales e ilegales. Es decir, la amnistía general y la secesión de Cataluña en forma de referéndum pactado de autodeterminación. 

Las dos mesas

Aragonés anunció que Generalidad y Gobierno se reunirán en septiembre en una cumbre con atributos bilaterales ("de igual a igual") para resolver el "conflicto político entre Cataluña y el Estado".

Aragonés volvió a la cantinela de que los indultos sirven de poco. También a la de que "la solución al conflicto pasa por la amnistía y la autodeterminación". Según el nacionalismo, el problema de fondo es la "represión" contra "los exiliados y exiliadas", contra quienes "siguen pendientes de juicio" y contra quienes "sufren la persecución del Tribunal de Cuentas".

El lenguaje del nacionalismo continúa siendo el mismo que en 2017.

Aragonés fue, incluso, más allá. Reclamó al presidente del Gobierno que presione a las instancias judiciales para liberar a los líderes del procés de sus cuentas pendientes. Se refiere el líder de ERC al dinero malversado por los líderes políticos catalanes y cuya devolución ahora exige el Tribunal de Cuentas. 

Es una petición de una perversión delirante. Porque, ¿cuál es el concepto de democracia de Aragonés cuando asume, con absoluta naturalidad, que un presidente democrático tiene la potestad de condicionar las sentencias de los jueces? 

La coacción independentista

Moncloa tienta a la suerte aceptando las condiciones de un separatismo que no exige una negociación, sino dos. 

En este juego, Sánchez arranca con desventaja. Porque el mero hecho de aceptar dos mesas diferenciadas sobre temas que rebasan la Constitución sitúa al Gobierno en el marco ideal del relato independentista. Ese que dice, precisamente, que hay algo que debatir fuera de la Constitución. 

Aragonés ha conseguido que la Moncloa acepte la singularidad del conflicto tras abrir la caja de Pandora de unos indultos que al nacionalismo le resultan a todas luces insuficientes. El presidente autonómico se atrinchera además en una posición de fuerza que le pone las cosas muy difíciles a Pedro Sánchez.

¿Qué garantías hay de que el independentismo no exprima al Estado hasta el límite de sus posibilidades mientras se negocia la gestión de unos fondos europeos decisivos para la recuperación económica del país tras la crisis del coronavirus?

¿Llegaremos a un punto en el que Sánchez se verá en la tesitura de vender como un éxito que el independentismo no se levante de la mesa de lo ilegal a cambio de concesiones sin límites en la mesa de lo legal?

Dada la estrategia que Aragonés plantea a medio plazo, las previsiones no son nada halagüeñas para los intereses de los españoles. El Gobierno no debería entrar desde luego en ese juego. Porque puede que el Ejecutivo esté pensando en dormir el partido a la espera del pitido final. Pero el dueño del silbato, dada la debilidad parlamentaria de Sánchez, es el separatismo. Y la comparecencia de Aragonés lo dejó ayer muy claro.