El anteproyecto de la Ley Trans que vio ayer la luz verde del Consejo de Ministros incluye, entre disposiciones razonables, otras que ponen en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. Disposiciones que no pueden justificarse por la búsqueda de la igualdad "real y efectiva" de las personas trans y por la protección de los derechos de las personas LGTBI.
Resulta especialmente alarmante la que establece el régimen de infracciones y sanciones, y que anula las reglas relativas a "la carga de la prueba cuando se trate de motivos relacionados con discriminación LGTBI".
Lo que significa, bajando la pelota al suelo, que ya no será el denunciante quien tenga que demostrar el delito o la falta, sino el denunciado quien tendrá que demostrar su inocencia.
Nos encontramos ante una ley que no sólo ofende al sentido común, permitiendo la libre autodeterminación de género de los menores de edad, sino que pone en riesgo la presunción de inocencia.
La Ley Trans recuerda en este sentido a las llamadas pruebas diabólicas medievales. Esas en las que la acusada de brujería debía probar que no era una enviada del diablo. Y debía hacerlo, como es bien sabido, con escasas posibilidades de éxito.
Tan escasas como las opciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, portavoz del feminismo ortodoxo contrario a esta ley, para hacer prevalecer su opinión sobre las tesis de la triunfante ministra de Igualdad, Irene Montero.
Una cuestión política
El derecho a la autodeterminación de género tal y como está configurado en la ley no requerirá de prueba alguna más allá de la voluntad y la palabra del solicitante en el Registro Civil.
La ley ha recibido ya las críticas del feminismo tradicional, encabezado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Estas representantes de cien asociaciones feministas sostienen que el PSOE ha devuelto a las mujeres a la casilla de salida al respaldar una Ley Trans que "desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico".
Con esta ley, el socialismo pone en riesgo el territorio ganado por el movimiento feminista durante décadas de lucha y permite que se impongan las tesis más reaccionarias de Podemos. Algo desconcertante a la vista de que Podemos es un partido inane tras la marcha de Pablo Iglesias y de su evidente decadencia electoral.
El presidente ha aceptado una Ley Trans lastrada por una profunda pereza científica, una poderosa carga ideológica y un desdén intolerable por la presunción de inocencia. También ha vendido al mejor postor los principios feministas del PSOE, que miembros ilustres de la formación abrazaban hasta ayer.
Prueba de ello es que, hace sólo un año, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la propia Carmen Calvo firmaron un documento oficial del partido en el que confesaban su temor a una hipotética ley trans que "borrara los derechos de las mujeres". Ese documento rechazaba con rotundidad la autodeterminación de género con el argumento de que este "pone en riesgo el propio concepto jurídico del sujeto político mujer".
Pero la autodeterminación de género es, precisamente, el concepto estrella de la nueva ley. Y lo es con el beneplácito del PSOE. En EL ESPAÑOL nos confesamos expectantes por la posición que adoptarán las diputadas socialistas cuando esta ley pase por el Parlamento, con debate y votación incluida. ¿Aceptarán el trágala de Podemos, traicionando todos los principios del feminismo, o defenderán a las mujeres españolas de una ley que las perjudica gravemente?
El feminismo de Montero
La arquitecta de la Ley Trans, Irene Montero, compareció ayer en rueda de prensa acompañada del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y dejó sin respuesta la pregunta más obvia que cabe hacer a la vista de la Ley Trans. Si el género no guarda relación con el sexo y el sexo femenino no existe por carecer de rasgos morfológicos propios, ¿en qué ha estado perdiendo el tiempo el feminismo durante toda su historia?
Montero, en un mensaje dirigido a sólo una minúscula parte de la población, reivindicó una ley "para las miles de mujeres feministas" que saben que "si no llegan todas, no llega ninguna". Montero resaltó también que la iniciativa "ha llegado a tiempo".
A tiempo, se presume, de la semana que acoge los actos del Orgullo. A tiempo, en resumen, de salvar a un PSOE que ha sido amenazado por varias asociaciones trans con ser recibido con una bienvenida poco hospitalaria si no avalaba la Ley Trans.
Lo que nos lleva a preguntarnos si esta ley se hubiese aprobado de no haber recibido la coacción de la tercera letra del colectivo LGTBI.
Es evidente que el tema trans exigía una puesta al día de la regulación vigente. Pero esta revisión debía estar basada en la moderación, fundamentada en premisas reales y respaldada por criterios científicos. Y, por supuesto, en línea con las reivindicaciones feministas comprometidas con la igualdad. La Ley Trans que ayer vio la luz no cumple ninguno de esos requisitos.