El Tribunal de Cuentas ha respondido con una carta pública a las palabras de desprestigio del presidente del Gobierno, que había menospreciado al órgano fiscalizador por contar como consejera con Margarita Mariscal, exministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar.
"Es un anacronismo" había dicho Pedro Sánchez, que recordó a la jurista escogida a propuesta del PP y olvidó convenientemente a los elegidos a propuesta del PSOE.
El camino escogido por Moncloa resulta particularmente peligroso y no se justifica por la presunta buena intención de amansar la beligerancia de los líderes del procés. Unos líderes que deben responder por los abusos de poder cometidos durante años y por el dinero malversado en acciones locales e internacionales en apoyo del procés.
En su empeño por desempedrar el camino de la concordia con la Cataluña secesionista, Sánchez mina la autoridad de un órgano que debe obrar sin presiones del Gobierno y con lealtad hacia sus cometidos.
El Ejecutivo se une así al desafinado coro del independentismo. Un independentismo que no busca concordia ni entendimiento, sino la ruptura de España (y escapar de sus responsabilidades en la malversación de varios millones de euros).
Pero el dinero malversado no le ha pertenecido jamás a los líderes del procés o a la Generalidad. Ese dinero pertenece a todos los españoles y por eso debe ser devuelto. El argumento de que esos líderes "no robaron porque no se metieron el dinero en sus bolsillos", como sostenía este miércoles el peneuvista Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados, demuestra escasa cultura jurídica. Malversar es robar.
El discurso del independentismo
El Tribunal de Cuentas reclama más de cinco millones de euros a los responsables del desfalco. Un dato que el Gobierno no puede ignorar. Ni por las exigencias de Pere Aragonés ni por ningún otro interés estratégico.
La consejera catalana de Justicia lamentó ayer que el Tribunal de Cuentas "ha encontrado un talón de Aquiles" para "arruinar a las personas" con su decisión de reclamar a políticos como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas las cantidades malversadas durante los últimos años.
¿Y cuál es la alternativa? ¿La impunidad de los malversadores?
El Gobierno debe respetar la labor encomendada al órgano y no perderse en tacticismos políticos cortoplacistas. Como recuerda el Tribunal de Cuentas en su comunicado, su función es la de enjuiciar "las responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos". Y ninguna otra.
Un riesgo desmesurado
En EL ESPAÑOL creemos que los indultos no deberían haberse concedido. También estamos convencidos de que estos no son de utilidad pública. Pero está fuera de toda duda que son legales, salvo decisión en contra de los tribunales.
Los indultos, sin embargo, responden a una motivación política y el Tribunal de Cuentas, a otra muy distinta. El Gobierno ha hecho todo lo que está en su mano para complacer al independentismo. Pero no puede entrometerse en áreas que no son de su incumbencia.
Lo que supone un riesgo desmesurado e inaceptable es que el Gobierno, al comprobar que los indultos son insuficientes para los independentistas, se inmiscuya en las diligencias del Tribunal de Cuentas, sumándose a la presión sobre sus miembros, que deben ejercer su cargo atendiendo en exclusiva a la doble naturaleza fiscalizadora y jurisdiccional del órgano.
La experiencia demuestra que socavar la autoridad de las instituciones conduce a un proceso de degradación del que conocemos el inicio, pero no el desenlace.
