Las 54 auditorías independientes encargadas por PP y Ciudadanos desde la Junta de Andalucía confirman la creación de una Administración paralela injustificadamente engordada durante 37 años de gobierno socialista en la región. Es decir, la construcción de un régimen clientelar a cargo de los presupuestos autonómicos. 

Los cajones abiertos por la nueva Junta revelan la existencia de "una superestructura desproporcionada", "poco operativa" y "llena de duplicidades y gastos innecesarios", como resumió ayer el vicepresidente del Ejecutivo regional Juan Marín.

El informe pone frente al espejo al socialismo en Andalucía. Un socialismo que ha dejado como herencia una administración andaluza engordada artificialmente con un sinfín de cargos inoperativos que conforman una realidad inquietante.

Los hechos revelados por las auditorías suponen un escándalo político de primer orden. Y obligan, a la luz de los hechos, a plantear una pregunta esencial. ¿En beneficio de qué intereses ha obrado la Junta de Andalucía durante casi cuatro décadas? Desde luego, no en el de los ciudadanos andaluces. 

Estructura paralela

Como publica hoy EL ESPAÑOL, la Administración paralela del PSOE abarcó diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. 

La estructura paralela perpetrada contaba, en 2018, con 28.443 trabajadores. De ellos, más de 17.000 eran personal laboral general. Casi 11.000 se repartían puestos en servicios sanitarios y sociales.

Desde el comienzo de la legislatura en 2019, PP y Ciudadanos se propusieron aplicar la tijera y reducir al máximo la masa laboral de estos entes instrumentales. Y cumplieron. Con datos de 2020, estos puestos bajaron en 3% entre los empleados generales, un 13% entre los sanitarios y un 2,5% entre los sociales.

En EL ESPAÑOL aplaudimos los esfuerzos por atajar una situación alarmante. El de un mandato de casi 40 años caracterizado (con los informes en la mano) por los solapamientos funcionales, el caos organizativo y el clientelismo. También, por la creación de cientos de organismos sin función y de los que no se conoce actividad alguna. 

Una corrección necesaria

Las "actuaciones de mejora y simplificación" anunciadas por Marín confirman que la Junta está en el camino correcto. El Gobierno regional hace bien al obedecer las recomendaciones reiteradas durante años por la Cámara de Cuentas regional.

Un ejemplo del disparate revelado por las auditorías es la escasa funcionalidad del Servicio Andaluz de Empleo. El 70,4% de los demandantes de empleo que recurrieron a este servicio no recibió ofertas de trabajo. El organismo apenas gestionó el 3% de las contrataciones y únicamente realizó doce ofertas por cada 100.000 habitantes.

Si bien los auditores señalan que algunas entidades podrían mantenerse con pequeños cambios logísticos o jurídicos, y que otras pueden subsistir a fuerza de fusiones, las palabras del Ejecutivo autonómico invitan a pensar en una rectificación de calado que se consumará dentro del Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental.

Será este plan, por cierto, el que permitirá conocer el agujero que dejaba en las arcas públicas tal engorde artificial y el ahorro anual que resultará del mismo. El ahorro será, presumiblemente, millonario. 

El plan también arrojará luz sobre las fundaciones que se crearon y nunca operaron, las asociaciones que no respondieron a sus objetivos fundacionales, las irregularidades sistemáticas en las contrataciones y, en definitiva, sobre el paisaje que dejan cuatro décadas de gobierno socialista en Andalucía.