El rechazo por parte del Tribunal de Cuentas de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a los 42 altos cargos de la Generalitat de Cataluña que destinaron indebidamente fondos públicos a la promoción del procés en el extranjero ha obligado al independentismo a poner en marcha su plan B.

Dicho plan B ha consistido en el pago por parte de ERC de dos millones de los 5,4 adeudados por los altos cargos separatistas afectados. Esos dos millones cubrirán también las fianzas impuestas a cargos de JxCAT (entre ellos, Carles Puigdemont).

El dinero de ERC cubre el periodo comprendido entre 2016 y 2017, cuando los republicanos formaban parte del Gobierno regional y lideraban la acción exterior de la Generalitat. Dicho de otra manera: ERC no cubrirá las fianzas de Artur Mas o de su consejero de Economía Andreu Mas-Colell.

Según informa Crónica Global, JxCAT se ha negado a cubrir el resto o parte de la fianza restante con el argumento de que el partido carece de propiedades. 

Amparar conductas dolosas

Los argumentos de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno para rechazar los avales del Instituto Catalán de Finanzas son impecables. Según la instructora, los fondos del Instituto no pueden "amparar conductas dolosas marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". Es decir, aquellos que, de forma indiciaria, se atribuyen a los políticos y funcionarios implicados. 

La decisión de García Moreno coincide con los argumentos esgrimidos por EL ESPAÑOL cuando se conoció el subterfugio con el que los partidos pretendían pagar las fianzas de sus altos cargos imputados.

Lo sorprendente habría sido lo contrario. Es decir, que se hubiera permitido a los partidos independentistas utilizar enormes cantidades de dinero público para cubrir las también enormes cantidades de dinero público menoscabadas por sus altos cargos en actividades que nada tenían que ver con la "promoción de intereses autonómicos derivados del ejercicio de sus propias competencias", sino más bien con "sus propios intereses".

Financiación pública

Aunque ERC, por boca de Gabriel Rufián, ha defendido el pago de las fianzas como un noble gesto altruista, lo cierto es que es fácil suponer que la mayor parte del dinero que ERC utilizará para pagar parte de las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas no sale de las cuotas de sus afiliados, sino de su financiación pública. Es decir, del dinero que recibe ERC de los Presupuestos Generales del Estado. 

No escasean los argumentos para considerar que tampoco el dinero de ERC debería ser aceptado por el Tribunal de Cuentas puesto que su origen no es el patrimonio personal de los implicados sino, como en el caso del Instituto Catalán de Finanzas, el dinero de los ciudadanos. Al menos en una buena parte. 

Es, en fin, razonable pensar que ERC tampoco debería poder "amparar conductas dolosas" con fondos propios. O, al menos, con la parte de esos fondos procedentes de la financiación pública. Sí debería poder hacerlo, en cambio, con las cuotas de sus afiliados o con ingresos de otro tipo procedentes de donantes privados. Todo ello con el objetivo de que el procés sea pagado, no por sus víctimas, es decir los ciudadanos españoles, sino por aquellos que lo alentaron y lo apoyaron desde el primer momento.