La tanqueta (en realidad un vehículo militar blindado sin armamento cuya función es la de atravesar barricadas) que la Policía Nacional ha utilizado en las protestas en el barrio de Río de San Pedro de Puerto Real ha puesto de acuerdo a los dos partidos situados en los extremos del arco político español, Vox y Podemos, en una pinza inédita contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Con idénticos argumentos obreristas, tan demagógicos como desinformados, Vox y Podemos han protestado por la utilización de un vehículo que no tiene otra función que permitir a los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) atravesar las barricadas levantadas por los manifestantes.
Podemos ha considerado la presencia de esa tanqueta como una "provocación" y el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, el catalán Jaume Asens, ha pedido que el vehículo sea devuelto al Ministerio de Defensa (la tanqueta, junto con otra unidad del mismo modelo, fue entregada por el Ejército de Tierra a la UIP en 2017). Su objetivo no parece tanto evitar un posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía como dejar el camino expedito a los violentos.
Vox, por su lado, ha afeado la utilización de este Blindado Medio de Ruedas (ese es su nombre técnico) contra "los trabajadores" gaditanos comparándolo con la supuesta inacción del Gobierno durante los periódicos asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla por parte de inmigrantes ilegales. Ocioso es decir que ambas situaciones son radicalmente diferentes y que la tanqueta no tendría ninguna función en un asalto a esas vallas.
Criterios técnicos
No por habitual resulta menos rocambolesco que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haga campaña en contra del Ejecutivo del que forma parte y aproveche la respuesta de la Policía Nacional contra unas pocas docenas de alborotadores callejeros (el derecho de manifestación no ampara la violencia) para arremeter de forma demagógica contra el Gobierno como si fuera una activista más.
Pero resulta más rocambolesca aún esa alianza de Unidas Podemos y de Vox que, pretendiendo dañar al Gobierno, sólo contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sorprende que Vox, un supuesto partido de orden, se sume de forma burda a Podemos en su labor de destrucción a la chilena de todas aquellas instituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos.
Ni Unidas Podemos ni Vox son quienes para decidir qué herramientas utiliza la Policía en su lucha contra las algaradas callejeras y mucho menos para juzgar la proporción o la desproporción de la acción de esta. La jornada de ayer, que acabó con seis agentes heridos y un único detenido, es prueba suficiente de la templanza con la que la Policía Nacional está afrontando unas protestas que han llegado a ser espoleadas de forma irresponsable por el propio alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'.
Es la Policía, y sólo la Policía, la que, en función de criterios técnicos y de seguridad, debe decidir qué herramientas y tácticas utilizar en su lucha contra violentos, delincuentes y alborotadores callejeros. En el momento en que esa decisión quede en manos de los partidos populistas, como parecen pretender Podemos y Vox, la paz social y la misma democracia empezarán a tener los días contados en España.