La tímida respuesta del Gobierno al caso del menor de Canet de Mar acosado por extremistas ha provocado el envalentonamiento de estos, que ayer se concentraron frente a la escuela Turó del Drac para protestar por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de obligar a dar un mínimo de un 25% de las clases en español, una decisión que en la práctica supone el fin de la inmersión lingüística. 

La protesta coincidió con la identificación en las redes sociales del nombre y otros datos personales del padre del menor por parte de un medio digital independentista.

Al nuevo incremento de la presión sobre la familia que ha pedido el cumplimiento de la sentencia del TSJC (posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo) el Gobierno ha respondido con una llamada telefónica en la que ha ofrecido al Gobierno catalán "los medios del Estado" para la protección del menor.

El problema es que el encargado de gestionar esa protección es el mismo Gobierno regional que de forma tan irresponsable como incendiaria ha incentivado el acoso al menor, algo que EL ESPAÑOL ha denunciado en anteriores editoriales. 

Faltan datos

A la más que tibia, gélida respuesta del Gobierno frente a un caso de acoso a un menor de cinco años que trae a la memoria los peores recuerdos de la Europa de la década de los 30 del siglo pasado se suma la de un Ángel Gabilondo que, entrevistado en La noche en 24 horas, apenas acertó a decir que "de lo que hemos conocido hasta ahora no hemos conocido lo que tenemos que conocer para poder tomar una resolución".

Será difícil que los implicados en este caso, y Gabilondo es uno de ellos, logren rehabilitar su maltrecha imagen tras una huelga de brazos caídos que contrasta con las llamadas a rebato ejecutadas por este mismo Gobierno en casos de acoso mucho menos graves que este (o lisa y llanamente falsos). 

Progresista, pero menos

No hay palabra más utilizada por Pedro Sánchez durante los últimos años que la de progresismo. ¿Pero qué hay menos progresista que abandonar a un menor a su suerte cuando está siendo amenazado, acosado y amedrentado por fanáticos desde las calles de su pueblo, desde las administraciones y desde las redes sociales?

¿Actuaría de la misma manera Sánchez si el menor acosado fuera víctima de una campaña de odio similar por parte de Vox? ¿Por parte de cientos de vecinos que se manifestaran para que ese menor y su familia se vieran obligados abandonar su casa, su trabajo y su vida? ¿Por parte de una administración local o regional liderada por el PP?

La respuesta es obvia. La pasividad del Gobierno en este caso parece tener más que ver con la identidad de los acosadores que con la reclamación, impecable desde un punto de vista moral y jurídico, de la familia del menor. Pero si ese es el criterio para decidir quién es protegido y quién no por el Estado en España, ¿qué nos diferencia entonces de esos países en los que no se respetan los derechos humanos? 

¿Han de rezar entonces los españoles para que sus agresores no pertenezcan o simpaticen con alguno de los socios parlamentarios del Gobierno? Pedro Sánchez gusta de presentarse como un presidente progresista. Que ejerza entonces de tal con una de las causas más nobles que existen hoy en España: la de un menor acosado por fanáticos por exigir su derecho a un 25% de las clases en español.