La aprobación de la reforma laboral por un solo voto, con el inesperado posicionamiento en contra de dos diputados de UPN y el voto erróneo de uno del PP, se convirtió ayer en el mejor ejemplo posible de la degradación de las instituciones a la que ha conducido la incapacidad de populares y socialistas para pactar los grandes asuntos de Estado. Una incapacidad que obliga a depender de los humores de partidos radicales, populistas y/o minoritarios, y que acaba convirtiendo la política en una continua ópera bufa.

Yolanda Díaz era la protagonista indiscutible en todas las crónicas que los medios de prensa habían prefabricado para lo que se preveía como una aprobación sin sorpresas de la reforma laboral con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, UPN y Más País, junto a algunos pocos partidos minoritarios más. Pero la protagonista inesperada de la velada fue finalmente una Meritxell Batet cuya actuación antes de la votación de la reforma acabará sin duda alguna en los tribunales. Probablemente, en el Tribunal Constitucional.

La presidenta del Congreso, según explicó Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular del Congreso de los Diputados, se negó a corregir el voto telemático erróneo del diputado del PP Alberto Casero. Las imágenes de televisión son claras: Batet fue avisada en el hemiciclo de un error tecnológico del sistema que registra los votos telemáticos.

Comprobación telefónica

Batet podría haber violado por tanto el punto cuarto de la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votación telemática. Resolución que obliga a "comprobar telefónicamente" con el diputado en cuestión la emisión del voto "y el sentido de este".

Si Batet omitió este punto, ya sea por ignorancia de su existencia o a sabiendas, el PP tiene argumentos para exigir la anulación de la votación.

Porque no es sólo el reglamento del Congreso, sino también el más elemental sentido común democrático, el que dice que las votaciones del Congreso deben reflejar el sentido correcto de la voluntad de los representantes. Asunto diferente es que la presidenta del Congreso de los Diputados esté amparada de una u otra manera por ese mismo reglamento, o por la costumbre, en casos similares de voto erróneo.

Pero ofende desde luego a la inteligencia que un voto erróneo, del que se avisó además antes de la votación y no con posterioridad a la misma, pueda decidir la aprobación o la denegación de una norma de tanta trascendencia como la reforma laboral. Y de ahí que la palabra "prevaricación" sobrevolara ayer entre los diputados de PP y de Vox por la confusa actuación de Meritxell Batet. 

Una deslealtad frustrada

Mención aparte merece la decisión de los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, de desobedecer las órdenes de su partido y votar no a la reforma laboral. Esos dos votos negativos habrían tumbado la reforma laboral de no haber sido por el error del diputado del PP. Pero lo que está claro es que su decisión no sirvió de nada y que quedó para los anales como una deslealtad hacia su propio partido frustrada por el absurdo error del popular Alberto Casero. La dirección de UPN ya ha pedido que Sayas y Adanero entreguen sus actas de inmediato. 

El análisis político del esperpento es, si cabe, más sangrante aún. El error de Casero tuvo la virtud de dejar en un segundo plano la evidencia de que el PSOE no tenía tan atada como creía la negociación para la aprobación de la reforma laboral. Es cierto que esta habría fracasado por una traición de los diputados de UPN. Pero el encaje de bolillos con partidos minoritarios para la aprobación de leyes por un solo voto no es desde luego el escenario más deseable para la estabilidad política. 

La aprobación in extremis y por una carambola del destino de la reforma laboral reforzará además la tesis, defendida hasta el último día por Yolanda Díaz, de que no existe una mayoría alternativa para el PSOE que no pase por ERC, EH Bildu y el resto de fuerzas nacionalistas y de izquierda populista. Sobre todo a la vista de que el PP vota no a sus propias leyes (esta reforma laboral es una revisión extraordinariamente light de la que Mariano Rajoy aprobó en 2012 y prueba de ello es el apoyo de la CEOE). 

El vodevil vivido ayer en el Congreso de los Diputados es el resultado de la obstinación de PP y PSOE en seguir jugando con el fuego de los populistas, encelados en una batalla política de vuelo gallináceo cuyo efecto más visible y dañino es el desprestigio de las instituciones y de la propia clase política. Confiemos, al menos, en que Bruselas no estuviera mirando ayer hacia el Congreso de los Diputados.