España lleva cinco semanas sin lluvia y los datos confirman que el primer trimestre del año hidrológico (del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021) ha sido el más seco del siglo XXI. Si el resto del año sigue la misma tónica, es posible que España viva una sequía similar a la sufrida entre 1991 y 1995. 

Durante los últimos cuatro meses ha llovido en España un 35% menos de lo habitual. Los pantanos están a un 40% de su capacidad y un 30% por debajo de los niveles medios de los últimos diez años. La situación es preocupante en Andalucía (especialmente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y algunas asociaciones de agricultores han levantado ya la voz de alarma frente al Gobierno. 

Si este verano continúan las altas temperaturas y la sequedad de años pasados, España se dirigirá de forma inevitable hacia un escenario en el que no sería extraño sufrir cortes y racionamientos en el consumo de agua. Y no ya en el campo y en las explotaciones agrícolas, sino en los hogares de ciudades como Madrid. 

Problema climático y político

El origen del problema, de esta sequía que nos acompañará durante los próximos meses, es la falta de lluvia. Pero lo que convierte el problema en asunto de Estado es la falta de un plan nacional de gestión de los recursos hídricos. Llámese este plan hidrológico nacional, gran pacto del agua o de cualquier otra forma que escojan nuestros líderes políticos.

Ese es el verdadero problema español. Como explica en EL ESPAÑOL Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, existen tres tipos de sequía: "Una es por falta de precipitaciones. Otra está relacionada con las reservas hídricas, que se encuentran muy por debajo de la media. Y luego está la sequía agrícola, es decir, que no haya agua para la agricultura". 

El incremento de la superficie para regadíos (en cuatro millones de hectáreas) y la escasez de lluvias abocan a escenarios en los que el agua deberá ser racionada. Pero ¿cómo evitar que la gestión de la escasez degenere en conflictos entre Administraciones y regiones como los que periódicamente estallan a cuenta de trasvases como el del Tajo-Segura o el del Ebro?

Factura de la luz

Al problema de la falta de lluvia se suma el del aumento del precio de la luz, que ha obligado a gastar agua de los pantanos para producir energía durante el verano. Entre dos males (la escasez de agua o la de energía) se ha escogido el menor a corto plazo, pero a costa de generar uno mayor a medio y largo plazo. España lo comprobará tras el próximo verano.

Pese a lo impredecible del clima, parece difícil que la tendencia vire de una forma lo suficientemente radical como para aliviar las tensiones acumuladas por la falta de agua y que ya han provocado restricciones, por ejemplo, en algunos municipios de Extremadura. 

El Gobierno no puede esperar a que la sequía, que de momento afecta principalmente a la agricultura, se agrave hasta el punto de hacer necesarias las restricciones en el consumo casero en las grandes ciudades. Algo que ya ocurrió en Madrid en los años noventa del siglo pasado. 

La solución, evidente, es la tramitación de un plan hidrológico nacional que regule trasvases, pozos y gestión de los recursos hídricos. 

Un buen punto de partida podría ser la propuesta del PP de un gran pacto del agua que permita "la sostenibilidad de la economía agraria, la resiliencia de las pequeñas explotaciones y la digitalización del sector, con una gestión más eficiente y competitiva". Un pacto que Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, rechaza, según afirma el PP, por motivos estrictamente ideológicos. 

España no puede permitirse el lujo de repetir en este terreno el mismo error cometido con el rechazo de la energía nuclear por motivos políticos. Si España ha de sufrir restricciones en el consumo de agua, que sea por falta de lluvia. Pero nunca por factores ideológicos y por la falta de voluntad de acuerdo entre PP y PSOE. El agua es un derecho fundamental y no debe ser utilizada como herramienta para la batalla política.