Hoy jueves se cumple la undécima jornada de paro de los camioneros. La huelga ha provocado el cierre temporal de cientos de fábricas y el desabastecimiento de los supermercados por el bloqueo de la cadena agroalimentaria. También empieza ya a impactar en sectores sensibles como el de la restauración para hospitales, colegios y residencias de mayores. Las pérdidas se calculan en 600 millones de euros sólo en Andalucía, y es probable que alcancen los miles de millones en todo el país.  

Los transportistas han anunciado que mañana viernes se manifestarán en el paseo de la Castellana. La decisión se ha confirmado aún sabiéndose que el Gobierno ha adelantado a hoy jueves la reunión prevista con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y en la que se tratarán las bonificaciones de 500 millones propuesta por el Ejecutivo como solución al aumento del coste del gasóleo. 

Es incluso probable que, de llegarse a un acuerdo, este no sea aceptado por todos los camioneros. Porque el CNTC no representa a todos los transportistas, que han sido convocados a la huelga, al menos en parte, por plataformas y organizaciones con las que el Gobierno rechaza reunirse por su hipotética vinculación con Vox. Algunas de esas plataformas parecen satisfechas con las bonificaciones propuestas por el Gobierno. Otras se niegan en redondo a aceptarlo como solución. 

La recuperación, en riesgo

Sea o no cierta esa vinculación de al menos una parte de los huelguistas con Vox, lo cierto es que en los motivos esgrimidos por los manifestantes se mezclan tanto razonables quejas de tipo económico con otras mucho más ideológicas y que parecen buscar más el derribo del Ejecutivo en un momento especialmente crítico para la economía española que una mejora de las condiciones de trabajo de los transportistas. 

Como explica EL ESPAÑOL, el problema no es ya la falta de determinados productos en los supermercados (la leche, por ejemplo). Sino que el paro del transporte está alcanzando a sectores no relacionados directamente con la industria alimentaria, como la construcción o la industria. La situación amenaza con colapsar España por completo. 

Las patronales afectadas se han movilizado para presionar al Gobierno en la búsqueda de soluciones para un problema que podría poner en riesgo unos 10.000 puestos de trabajo. Entre las empresas que han anunciado el paro total o parcial de su producción están Danone, Estrella Galicia, Heineken, Calvo, Azucarera, Cuétara o Agrosevilla. 

Es imprescindible que de la reunión de hoy salga una propuesta de solución al problema del aumento de los precios del combustible que satisfaga tanto a los transportistas como a los taxistas, los trabajadores del sector del VTC o los conductores de ambulancias y autobuses de línea.

La recuperación, en riesgo

Pero convendría que los líderes del paro de los transportistas fueran claros en sus reivindicaciones. Porque si sus objetivos son tan políticos como económicos, entonces hay que recordar que boicotear la economía española y poner en riesgo el normal funcionamiento del país no está amparado por el derecho de huelga. 

En el pecado, sin embargo, lleva la penitencia el Gobierno. Porque fue este Ejecutivo el que derogó el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que castigaba la coacción de los piquetes. Una derogación que ha sido aprovechada por una parte de los camioneros para acosar a los trabajadores que no querían hacer huelga y que se han visto obligados a dejar de trabajar en contra de su voluntad. 

La economía española no está en disposición de soportar un nuevo golpe tras el impacto causado por los dos años de epidemia, el aumento de la inflación y el incremento de los precios de la energía y de los combustibles. Sobre todo a la vista de que la guerra en Ucrania parece estancada y destinada a eternizarse, lo que generará el agravamiento de una crisis que ya pesaba sobremanera en la economía del país antes de la invasión. 

La huelga dificultará además en el futuro la implantación del pago por uso de autovías, que este diario ha defendido con razones de calado, y empieza a afectar al sector de las exportaciones, al pesquero y a los puertos. Está en manos del Gobierno solucionar esta crisis y volver a poner en marcha la cadena agroalimentaria.

Pero haría mal en dejarse chantajear por aquellos que no buscan sólo que se atiendan sus reivindicaciones legítimas, sino también las ilegítimas. Quien quiera tumbar Gobiernos, que se presente a las elecciones y pida el voto de los ciudadanos. España no puede ser rehén de quienes buscan atajos para sus objetivos políticos.